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21 de agosto de 2023, 4:00 AM
21 de agosto de 2023, 4:00 AM

Por Carlos Jahnsen Gutiérrez, doctor en Filosofía y economista

Escribir sobre regulaciones y trámites de la Bolivia Plurinacional diseñada por el MAS es meterse a caminar por un laberinto de intransparencia, ineficiencia, maltrato y abuso desproporcional a los ciudadanos. Esta caminata no es grata, pero es necesaria para poner luz a la oscuridad de la administración pública plurinacional, la que está plagada de desconfianza, sobre control e ineficiencia. La que es incapaz de entender que la esencia de su trabajo es el servicio transparente y eficiente a la ciudadanía, y éste no es un favor de capataces. Sería injusto afirmar que el Gobierno del MAS es el inventor de burocracia ineficaz en el Estado Plurinacional. Sin duda, existe una herencia de malas prácticas de muchos gobiernos anteriores. Pero después de 16 años de gobierno del MAS sí se puede observar un perfeccionamiento de la ineficiencia heredada.

La administración pública, en la mayoría de los países de este globo en el siglo XXI, se debe al servicio a la ciudadanía. Pero en cambio, la administración pública plurinacional sigue actuando como hace un siglo. Su desconfianza y control ineficiente no tienen ninguna relación con la realidad de los ciudadanos y el sector de empresas. Además de desconfiada es retrógrada, como su reloj sui géneris en la Asamblea Legislativa. No facilita ni apoya, perjudica y hace la vida a los ciudadanos más difícil.

Ya Otto von Bismarck advirtió que “la burocracia es cancerosa de cabeza y extremidades, sólo su estómago está sano”. En ese sentido, la administración plurinacional es hambrienta, carroñosa y especializada en poner obstáculos y trancas por doquier. No apoya ni al ciudadano ni al empresario, sino que le roba mucho tiempo, oportunidades y calidad de vida, y le quita con ganas dinero a montones, dinero que los ciudadanos y empresarios pequeños y medianos lo necesitan para invertir, para vivir.

Como el sector público es transversal en todo actuar de la ciudadanía, no existe un ámbito de importancia en la vida de los ciudadanos que no sea afectado y subordinado por esta tramitomanía plurinacional arbitraria y corrupta. Ya en la entrada al Estado Plurinacional y a la salida de éste, comparado con Perú, se da un salto al pasado en términos de presencia, cortesía y trato a los ciudadanos, y muestra la cara fea de la administración pública. Desde ya, no es un aliciente para atraer turismo. Excepciones en el sector público, como un oasis en el desierto de la gestión pública masista, probablemente existen.

Para Max Weber (1920), la burocracia representa el tipo ideal de una forma de organización desarrollada y racional que asegura contra la arbitrariedad y conduce a un gobierno eficaz. Si la burocracia weberiana es organización necesaria en el aparato del Estado, que además es democráticamente legitimada por la ley para salvaguardar el bien común, en el Estado Plurinacional nos encontramos con una burocracia en plena mala práctica que representa más la perversión de este ideal.

Como la administración pública es fiel reflejo del poder político en el Estado Plurinacional, este último refleja la perversión masista de la democracia. En este contexto debe entenderse que la administración pública es el brazo largo de la política, es su instrumento que en la práctica administrativa es definitivamente la continuación de una política ineficaz, retrógrada, extorsiva y arbitraria del MAS.

La administración pública del Gobierno del MAS es alérgica a toda modernidad y cambio. Representa a un imperialismo ideológico del socialismo del siglo XXI sobre los ciudadanos, así como a una desesperante y visible pobreza intelectual en lo que se refiere a su relación con los ciudadanos y con la empresa que solo defiende el statu quo. Ese statu quo refleja las estructuras reaccionarias en la administración que aseguran la dominación políticas de la secta aimara del MAS sobre el resto 10 millones de habitantes, administrados y consumidores, provocando subdesarrollo económico a expensas de los socialmente débiles y sofocando además el potencial democrático de transparencia y participación en favor de su oscuro sistema autoritario.

Esto significa que, en términos de servicio a la ciudadanía por medio de la administración pública, el Estado Plurinacional marcha como su presumida creación, el reloj de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyas manecillas giran hacia la izquierda y los números fueron invertidos, y el reloj marca el tiempo consecuentemente hacia atrás. Visto desde la cola, el Estado Plurinacional lleva la delantera a todos sus vecinos, es primero en la economía y en la modernización de la gestión pública, es país industrializado y desarrollado.

Pero dejando de mentirse, ese reloj antes que enseñar a los bolivianos "que pueden cuestionar las normas establecidas y pensar de forma creativa", es el mudo testigo de que el Estado Plurinacional, comparado con todos sus vecinos y más aún con los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se mueve en su economía y administración, en su desarrollo real y perspectivas de desarrollo, hacia atrás, tal vez alcanzando ahora el año 1999. Solo el sector informal de la economía, que representa más del 80% de la misma, vive como gordo gusano en manzana madura. Es que para este sector no existen trámites ni regulaciones. Y si existen, lo arreglan informalmente a gusto de la panza sana y hambrienta del sector público.

Para avanzar hacia adelante, contrario al reloj masista, se necesita una reforma y modernización urgente de la gestión pública. Se debe establecer un sistema de carrera administrativa que premie a la meritocracia y no la pertenencia a un partido. Es urgente introducir una reforma administrativa y regulatoria a nivel nacional, regional y local, y en ese contexto tomar medidas eficaces de simplificación administrativa y digitalización de trámites. Es una tarea de varios años, pero que debe ser iniciada ya, ahora.

El Gobierno del MAS no ve como prioritario introducir un cambio cultural, ni en la administración, ni en las regulaciones. Primero, porque apuntar hacia la eficiencia y efectividad administrativa y regulatoria que favorezca en primera línea a los ciudadanos, significaría que su ideario abstracto “de pueblo” se desvanecería, ya que se darían cuenta que ese pueblo es mucho más complejo que una masa homogénea de ovejas azules. En verdad es un sistema muy complejo de ciudadanos y consumidores con derechos.

Segundo, porque significaría reducir los 600.000 empleados del sector público drásticamente, los que este mismo gobierno generó por razones políticas. Como en Bolivia ahora no existe inversión privada para generar nuevos empleos y oportunidades, entonces este gobierno populista y dogmático no ve otra alternativa más que seguir privilegiando la ineficiencia, los espacios de corrupción y el maltrato a los ciudadanos, subordinándolos bajo la pésima y retrógrada gestión pública existente.

La lista de las aberraciones administrativas es muy larga y probablemente no existe un ciudadano que no pase por un calvario administrativo cuando le toca hacer algún trámite. Aquí como botón de muestra sólo se presentan algunos casos que, desde el punto de vista de una administración moderna, son aberrantes:

1. De acuerdo a Doing Business de 2020 del Banco Mundial, para abrir un negocio en el Estado Plurinacional se necesitan 12 procedimientos y 39,5 días, comparados con el promedio de 8,1 y 28,8 días en Latinoamérica y 4,9 procedimientos y 9,2 días en promedio en los países de ingreso alto de la OCDE, siendo el país más eficiente Nueva Zelandia, en el que se necesita un procedimiento y medio día. Este trámite es engorroso y costoso, siendo así que en Bolivia se paga el 37,3% del ingreso per cápita de la respectiva economía, comparado con el 3% con el promedio de los países de ingreso alto de la OCDE. Ante esta ineficacia burócrata, uno no debe admirarse por el altísimo número de negocios informales.

2. Los certificados de nacimiento y defunción solo tienen 3 meses de validez para cualquier trámite. Después de ese tiempo, obviamente si se los necesita para otros trámites se tienen que sacar nuevos a 50 bolivianos cada uno, y no es solo cuestión de dinero, es también el tiempo perdido por cada ciudadano en cada trámite.

3. En cualquier situación que se genera en Impuestos Nacionales, la espera puede ser de una semana o más hasta que funcione el sistema para poder ampliar una actividad en el NIT.

4. Por errores propios del sistema de identificación personal, han duplicado numeración de los carnés de identidad, con lo cual han creado unas extensiones especiales; y si uno tiene “mala suerte”, Segip le entrega una cédula de identidad solo con números y no con código alfanumérico (la extensión). Por lo tanto, si una persona cuya cédula fue duplicada por la ineficiencia del propio sistema y desea hacer posteriormente algún trámite, esa persona a veces existe en el sistema y a veces no. Para ello el Segip tendría que otorgar una extensión al número de cédula de identidad. Hecho el reclamo en Segip, esta entidad se hace la loca y la carga de la prueba se la pasa al afectado.

El Estado obliga a nuevos trámites debido a su ineptitud e ineficiencia. En otras palabras, probablemente se tendría que iniciar un juicio al Segip que duraría años, para que esta entidad rectifique su error, ocasionando gastos adicionales en dinero y tiempo. Mientras tanto, el mismo número ya se habrá dado a otra persona desconocida. Al tratarse del mismo número, este desconocido -quién sabe- podría aparecer en el sistema como marido de la esposa del afectado. Este hecho real enriquecería sin problemas los vicios y desvíos de Macondo.

5. Las denuncias presentadas en ámbitos judiciales demandan un trámite extremadamente moroso para las víctimas, cuya responsabilidad es de funcionarios, fiscales, policías y jueces. Por la demora, las denuncias se paran. En el caso de un robo, se debe acreditar la propiedad de los objetos; en el caso de una agresión, se debe presentar certificados forenses, psicológicos, testigos, ir a tratamientos en instancias municipales. Las consultas se programan semanas después de la agresión. Son trámites que abren mucho espacio para la extorsión, tanto para las víctimas como para los denunciados.

6. Para cobrar la Renta Dignidad, la beneficiaria o el beneficiario que esté registrado biométricamente en la Base de Datos de Beneficiarios de la Renta Dignidad (BDRD), en caso de cobrar en localidades habilitadas para el pago con verificación biométrica, debe presentar: Cédula de Identidad (CI) o Registro Único Nacional (RUN) en original. En cambio, la beneficiaria o beneficiario que no esté registrado biométricamente en la BDRD debe presentar: Cédula de Identidad (CI) o Registro Único Nacional (RUN) en original y dos fotocopias legibles. En caso de registros observados (homónimos o Documento de Identidad duplicado), deberá presentar el Certificado de Nacimiento o Bautizo original, entregando dos fotocopias legibles del mismo, y en caso de mujeres casadas registradas con el apellido del esposo, adicionalmente deberán presentar el Certificado de Matrimonio o Libreta de Familia original y dos fotocopias legibles.

Si este trámite se cruza con alguna situación de enfermedad, dependiendo de la Caja de Seguro donde se encuentre la persona, el maltrato es mayor: si el jubilado tiene que internarse y se solicita de forma urgente un informe que certifique la internación del jubilado, ese informe tendría que llevarlo a Senasir para que autoricen el cobro de su jubilación. Pueden pasar muchos días de la solicitud y recién piden más requisitos, como una foto y un informe al jefe de Servicio de Cirugía. La pérdida de tiempo es eterna para los afectados. Hasta que llegue la carta esperada, es muy probable que el paciente ya no esté internado; y si se agrava la situación, nadie tiene la respuesta. Para cientos de miles de personas de la tercera edad, este maltrato como ciudadanos es un calvario de incertidumbre y de espera que nunca acaba.

Toda sociedad necesita una burocracia para resolver sus problemas racionalmente y bajo criterios de modernidad, servicio a los ciudadanos y mejora contínua de la gestión pública. El problema comienza y es de nunca acabar cuando se tiene a una retrógrada e insensible burrocracia frente a los ciudadanos y al sector de empresas y, por lo tanto, a una burocracia ineficiente con amplios espacios de corrupción que, como tarea principal, impide con abuso y maltrato facilitar aquello que la sociedad verdaderamente necesita.

Quién sabe en qué otros laberintos de tramitomanía deben ingresar día a día los ciudadanos, que les hacen perder mucho tiempo, oportunidades y dinero. ¡Incapaces, váyanse a la porra con sus papeleios ineficientes y corruptos! ¡Un cambio político-administrativo y cultural es imperativo para que Bolivia y su sector público por fin lleguen a la modernidad que los ciudadanos merecen y el presente exige!

(*) Váyase a la porra con sus papeleios, frase de la canción El Chapaco Alzao

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