La trampa de los subsidios y el Estado agricultor
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Cuando vemos al sector agrícola pidiendo al Estado le fije el precio al que le va a comprar su cosecha de trigo, o al productor avícola y porcino solicitando le proporcione un cupo de venta de su stock de maíz, o cuando observamos al productor de soya lograr se libere la exportación del grano, estando restringida la exportación de sus derivados industriales, podemos decir que estamos subyugados a una política estatista del control de la producción y el comercio agroalimentario.
Durante los primeros años del gobierno actual, fiel y consecuente a su política socialista, creó la empresa pública estratégica de Apoyo a la Producción de Alimentos – Emapa, que tiene como objetivos garantizar la seguridad alimentaria del país y apoyar la producción y estabilización de los precios de los productos de la canasta básica. La empresa cuenta con una capacidad de almacenamiento de 300 mil toneladas de granos y financia la provisión de insumos agrícolas y monitoreo de cultivos de arroz, maíz y trigo esencialmente. Adicionalmente cuenta con molinos de trigo, ingenios arroceros y supermercados de venta al detalle.
Según datos oficiales de la misma empresa estatal, el 2021 movió poco más de 150 mil toneladas de granos con un ingreso de 72 millones de dólares, esto equivale al 4% del volumen de la producción agrícola y menos del 1% del valor bruto producido por este sector. A pesar de su mínima relevancia en la producción agropecuaria, su mayor impacto se produce en las expectativas de precio de los agricultores y los demandantes de materias primas que junto con las políticas del gobierno ejercen control de precios a través de la regulación de la oferta y demanda tanto interna como externa. El propósito es controlar la inflación a costa de la producción.
Respecto a la política de subsidios, el principal producto subsidiado destinado a la producción agrícola y el transporte es el diésel cuyo precio se ha mantenido los últimos 15 años y beneficia de manera directa al sector agrícola por el alto consumo de diésel en maquinarias y equipos así como en el transporte de carga pesada. El presupuesto del Estado para 2022 consigna un gasto de 685 millones de dólares para subsidiar la importación de combustibles, cifra que se verá incrementada debido al alza del precio del petróleo.
Una forma de subsidio indirecto impuesto es la fijación del precio de mercado interno para la harina solvente de soya, que al igual que el precio de compra del trigo que fija Emapa, constituyen precios base al que deben vender o comprar las industrias procesadoras, en ambos casos el interventor regula el precio que debería regular el mercado, con la salvedad que en el caso de la producción de oleaginosas lo hace solo para el 20% de la producción que es el consumo interno, afectando a través del control de cupos de exportación al 80% restante a través de “certificados de abastecimiento a precio justo”
La trampa del subsidio es que ahora todos esperamos que el Estado nos permita comprar alimentos baratos, incrementando el gasto público y sacrificando a los productores e industriales, que en muchos casos ven encarecidos sus insumos mientras los precios de los alimentos procesados continúan deflactados en el mercado local. Claramente esto solo es sostenible en la abundancia e imposible de mantener con déficit público creciente y mayor endeudamiento.
En situaciones de presión inflacionaria externa y riesgos de inestabilidad financiera producto del endeudamiento de los países en desarrollo, por supuesto que el Estado debe intervenir en la medida justa para controlar la inflación y mantener la estabilidad monetaria, esto es fomentando la producción para sustituir importaciones y rebajando los gravámenes e impuestos a la importación de bienes básicos e insumos industriales no producidos. La intervención debe centrarse en el uso de mecanismos e instrumentos de política económica y no en la compra y venta de insumos y bienes primarios, que convierten al Estado en un jugador aventajado que además coloca las reglas y controla que se cumplan.
Cuando pensamos que ya nada podía sorprendernos después de empresas estatales azucareras, cementeras, papeleras, forestales, molineras y otras, todas ellas con cuestionables resultados económicos, confieso que convertir al Estado en agricultor, era algo impensado. El Decreto 4701 del pasado 20 de abril establece la creación de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria que tiene por objetivo la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas y pecuarios tanto en el mercado interno como externo. La pregunta es, si esta empresa pública estratégica jugará con las mismas reglas que el resto de las empresas, o si a título de la seguridad alimentaria, será otra fuente de provisión de subsidios en manos de pocos privilegiados. La política de subsidios se financia con recursos que generamos los bolivianos, por tanto tenemos la obligación de ver que esta nos beneficie de forma integral y equitativa.
