En tiempos electorales, las promesas fáciles suelen convertirse en moneda corriente. En la primera vuelta, un tema fue recurrente para varios candidatos: la propuesta de nacionalizar los autos chutos que circulan por las carreteras bolivianas. Bajo la apariencia de un alivio económico para miles de familias, la medida esconde riesgos profundos que comprometen la economía formal, la seguridad jurídica, el cumplimiento de tratados internacionales y la propia soberanía del Estado.
Según estimaciones, en Bolivia circulan al menos 500 mil autos chutos, y algunos cálculos elevan la cifra hasta 750 mil. La magnitud del fenómeno es tan grande que hoy existen al menos 70 ferias informales dedicadas exclusivamente a la compra y venta de estos vehículos, muchas de ellas en zonas rojas del contrabando, donde la Aduana y las Fuerzas Armadas no logran entrar. Este vacío institucional se ha convertido en terreno fértil para redes criminales que controlan un negocio millonario vinculado al robo de vehículos en países vecinos, al narcotráfico y a la corrupción aduanera.
Legalizar los autos chutos equivaldría, en la práctica, a premiar la ilegalidad. Sería un golpe directo contra quienes cumplen con la importación legal de vehículos, pagando aranceles, impuestos y cumpliendo normas técnicas y ambientales. Cada auto chuto nacionalizado representa tributos aduaneros que nunca ingresaron al fisco. Hablamos de una pérdida millonaria para el Estado, en momentos en que las finanzas públicas ya atraviesan una crisis de ingresos.
En el plano internacional, la nacionalización de vehículos indocumentados sería una flagrante violación de los compromisos asumidos por Bolivia en la Organización Mundial del Comercio, la Comunidad Andina y la Organización Mundial de Aduanas. Estos organismos exigen políticas consistentes contra el contrabando y la piratería. ¿Cómo puede un Estado pedir respeto a sus exportaciones si, al mismo tiempo, convierte en legales productos de contrabando? Una amnistía de este tipo erosiona la credibilidad internacional y abre la puerta a tensiones diplomáticas con países como Chile, Perú y Brasil, de donde provienen miles de vehículos robados.
La experiencia histórica debería bastar de advertencia. En 2011, el Gobierno de Evo Morales aprobó una nacionalización extraordinaria de autos chutos. La medida, presentada como “única e irrepetible”, terminó convirtiéndose en un imán que incentivó aún más el contrabando. Hoy, más de una década después, los números son mucho peores. Legalizar nuevamente los autos chutos solo perpetuaría el círculo vicioso: primero el ingreso ilegal, luego la presión social y finalmente la “solución política” en forma de nacionalización.
Los políticos que defienden esta medida no ignoran los riesgos; más bien buscan capitalizar el voto de sectores rurales y fronterizos donde los chutos son el medio de transporte predominante. Es una estrategia de corto plazo que sacrifica el interés nacional por la ambición electoral.
El país necesita soluciones estructurales, no atajos electorales. Bolivia requiere políticas de fortalecimiento aduanero, mayor presencia del Estado en zonas de frontera y programas de incentivo para renovar el parque automotor con vehículos legales, eficientes y menos contaminantes. Lo contrario es rendirse ante el crimen organizado y condenar al país a vivir en la informalidad permanente.
La tentación populista de los autos chutos puede rendir votos, pero es un pacto con la ilegalidad. Y un país que normaliza la ilegalidad está condenado a repetir su crisis una y otra vez.