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12 de febrero de 2017, 4:00 AM
12 de febrero de 2017, 4:00 AM

El Gobierno parece convencido de la necesidad de transparentar la administración pública para mejorar la gestión gubernamental y combatir la ‘microcorrupción’. En realidad, transparentar la cosa pública es una obligación legal y constitucional de todo servidor público. En efecto, existe la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos para saber cuál es su patrimonio con el que entran a la función pública y al final de la gestión se debe verificar si cuadra esa declaración patrimonial.


Con este fin existe la Convención de la ONU contra la corrupción (art. 10), que ha suscrito el Estado boliviano, y que exige adoptar las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia, debiendo incluir, entre otras cosas, las siguientes: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y, c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. 


De la misma forma, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha reafirmado la importancia del acceso a la información pública. La Carta Democrática Interamericana (art. 4), establece que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. 


A tiempo de aprobar la Ley Modelo Interamericana sobre el Acceso a la Información Pública, la OEA estableció que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información.


En este sentido, la Constitución (arts. 106-107) garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, así como a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. La Ley Fundamental aclara, no obstante, que los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguajes alternativos para discapacitados. La única limitante es que la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social, deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. 


También la Ley N° 004, del 31 de marzo de 2010 (art. 23) ha creado el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (Siiarabe), que tiene por objeto la centralización e intercambio de información de las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción, para diseñar y aplicar políticas y estrategias preventivas, represivas y sancionatorias, además del eficiente seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la lucha contra la corrupción. 


La libertad de expresión es, por tanto, esencial para combatir la corrupción ya que no solo permite socializar la información en poder del Estado, sino que busca una mayor fiscalización de la cosa pública afianzando así las instituciones democráticas.  Ahora bien, si tomamos en cuenta que el 80% de los medios de comunicación están en poder o controlados por el Gobierno, y el Ministerio de Transparencia se ha reducido a una subsecretaría, en verdad no cuadra el discurso oficial.  Además que el Gobierno hubiera anunciado que cada funcionario (comenzando por los ministros) tendrá su controlador, tampoco garantiza terminar con la ‘microcorrupción’, menos con la megacorrupción.  


La concentración del poder, el prorrogismo, las restricciones a la libertad de expresión y los principios democráticos, la impunidad, la informalidad, la falta de rendición de cuentas, el contrabando, entre otros hechos recurrentes, generan el clima propicio para la corrupción y esta se encarga de degradar no solo la gestión del Gobierno, sino también del Estado y de las instituciones representativas 

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