Faltan 125 días para que los bolivianos acudan a las urnas en la primera vuelta de las elecciones generales, y el panorama político sigue sumido en la confusión, el cortoplacismo y la falta de visión estratégica. El país necesita definiciones claras, liderazgos responsables y una competencia electoral basada en principios. En cambio, se asiste a un espectáculo desalentador: partidos sin candidatos, candidatos sin partido, siglas en alquiler y una guerra anticipada por el poder que deja al bien común como la gran víctima..
El Movimiento al Socialismo (MAS) vive una fractura cada vez más visible. El presidente Luis Arce ha sido proclamado oficialmente como candidato por su ala afín, asegurando que el MAS “volverá a ganar” las elecciones, el exmandatario Evo Morales persiste en su intención de postularse, revelando que mantiene “contacto con cuatro partidos” para viabilizar su candidatura, y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sigue su propio camino, dispuesto a dar un golpe de timón y jubilar a las viejas guardias azules. Eso sí, de esa lucha nadie saldrá libre de heridas.
La oposición tampoco ofrece señales de madurez política. Continúa atrapada en cálculos fragmentarios, sin un proyecto articulador que permita construir una alternativa viable. Mientras tanto, proliferan las descalificaciones y operaciones de guerra sucia entre diferentes bloques y precandidatos, lo que socava aún más la confianza ciudadana.
A este clima tóxico se suma una práctica vergonzosa que se repite con cada proceso electoral: el tráfico de siglas. Partidos inexistentes en la vida pública resucitan como plataformas ocasionales para candidaturas oportunistas, sin programa, sin ideología y sin arraigo. Esta realidad no solo empobrece la calidad democrática, sino que revela el nivel al que ha descendido la política boliviana, tratada ya no como servicio público, sino como negocio.
Mientras tanto, el contexto nacional es alarmante. La crisis económica se profundiza: reservas internacionales debilitadas, presión fiscal creciente e incertidumbre generalizada. El Gobierno ha activado el polémico “26J”, que muchos interpretan como una movida con tinte electoral. El malestar social se intensifica, y la ciudadanía está harta de promesas vacías, improvisaciones y corrupción.
En este escenario, la Iglesia Católica ha vuelto a alzar la voz con firmeza y mesura. En sus mensajes de Semana Santa, ha llamado a la unidad y a la responsabilidad ciudadana: “No podemos dividirnos, somos personas de fe y ciudadanos de este país”, dijo monseñor René Leigue. En otra reflexión, se recordó que seguimos “acusando al inocente como a Jesús”, en alusión a la manipulación de la verdad y la justicia. Es un llamado ético a construir una campaña digna, centrada en propuestas, no en ataques.
La Asamblea Legislativa, por su parte, aún no aprueba las normas esenciales para garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral, lo que pone en riesgo su legalidad y legitimidad. Además, los cinco magistrados auto prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional continúan ejerciendo funciones pese a haber concluido su mandato, una anomalía institucional que puede derivar en decisiones que comprometan gravemente la estabilidad democrática.
Bolivia se encuentra en una encrucijada. A poco más de cuatro meses de las elecciones, el país necesita algo más que candidaturas: necesita un proyecto común, claridad normativa y ética pública. El tiempo para corregir el rumbo se agota.
Es imperativo que los actores políticos estén a la altura del momento. Si no lo hacen, corresponderá a una ciudadanía vigilante y activa tomar el protagonismo que la historia le exige. Porque un país no se construye desde la división ni el cálculo, sino desde el compromiso con el futuro.