La urgente reactivación

Jose Gabriel Espinoza Yañez - Economista, Director del Banco Central de Bolivia

Hoy más que nunca debemos entender que las fuerzas de la economía se deben alinear hacia la reactivación. El impacto de la pandemia ha sido mucho más fuerte que lo que se había previsto en principio, tanto así que organismos expertos en hacer proyecciones han revisado entre dos y tres veces sus estimaciones, pasando de perspectivas positivas a principios de año a cifras negativas, cada vez más pesimistas a lo largo del primer semestre del 2020. 

En el caso de América Latina, el 2020 se espera un crecimiento negativo de entre 7 y 9% mientras que en Bolivia la caída del índice de actividad económica, en abril, ha sido del 5,6% y la perspectiva para el 2020 es más o menos similar. En nuestro caso, la crisis se ha potenciado por una serie de vulnerabilidades que tiene la economía nacional: en 14 años se fomentó la informalidad (en contra corriente a lo esperado), que a su vez está relacionada a empleos sin protección social y en muchos casos con frecuencias de ingreso bastante altas (23% de los trabajadores tienen ingresos diarios, 7% semanales y casi un 10% ingresos quincenales). 

Las medidas coercitivas que aplicaba el anterior gobierno, en el ámbito tributario sobre todo, han atomizado aun más la actividad privada y el manejo de la política económica fue, por decir lo menos, errado; sobre todo después de 2014, ya que se seguía gastando como si los ingresos nunca hubieran caído, incluso a costa de la reducción de las Reservas y el incremento del déficit fiscal, debilitando los márgenes de respuesta ante la emergencia sanitaria.

En este contexto, la principal consecuencia de la pandemia ha sido la fuerte caída en el flujo de ingresos de las familias, las empresas, la banca y el propio Estado. Esto es lo que llamamos un problema de liquidez, y el problema (valga la redundancia) con esto, es que si se extiende en el tiempo puede derivar en un efecto aun peor: insolvencia.

Ahora bien, aunque la pandemia ha obligado al Estado a emprender una serie de gastos extraordinarios, las mayores vulnerabilidades las enfrentan hoy las familias y las empresas. Junto con el corte abrupto de sus ingresos hoy tienen que enfrentar mayores grados de incertidumbre relacionados a cambios en las formas de operar, caídas en la demanda y posibles recortes en el empleo.

Por el lado de la demanda, es necesaria la transferencia de recursos a los hogares, a través de bonos de carácter universal que permitan mantener un nivel mínimo de consumo. Sin embargo, en la medida que la pandemia se extienda en el tiempo, son necesarios también mecanismos de inyección de liquidez a la economía a través de canales financieros, como créditos a bajas tasas de interés, para familias y empresas, que estén destinados a mantener las cadenas de pagos funcionando.

Ahora bien, dado que el grado de incertidumbre, y por lo tanto de riesgo es cada vez mayor, estas medidas han sido acompañadas con fondos y mejoras en la regulación crediticia y facilidades para capitalizar a las entidades financieras, de tal manera que sea el Estado el que asuma el exceso de riesgo.
En este sentido, las herramientas son los bonos y el crédito a través del sistema financiero mientras que el objetivo es que las familias, base fundamental de la economía boliviana, accedan a recursos frescos que les permitan retomar las actividades y preservar el empleo.

En el pasado reciente las medidas económicas estaban destinadas a sostener al Estado por encima de todo, olvidando que la economía se basa más bien en un correcto funcionamiento y colaboración entre el sector público y privado. En el caso boliviano, cuando hablamos del sector privado no hablamos de grandes empresas y agentes corporativos (como muchas veces se trata de plantear desde una parte de la clase política asentada en viejas ideas), sino que nos referimos sobre todo a familias trabajadoras, emprendimientos familiares e incluso empresas, que por muy grandes que sean, siguen siendo, en esencia, empresas familiares.

El enfoque de la reactivación, por tanto, apunta a preservar la economía familiar.