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La verdad en la palestra: Las cifras rojas del Gobierno de facto

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La mentira tiene patas cortas, dice la moraleja popular. En efecto, eso ha develado la publicación de la Memoria de la Economía Boliviana 2020 (MEB) para la desastrosa gestión del Gobierno de facto. La MEB había tenido continuidad desde 2006 y se había posicionado como una de las principales fuentes para el análisis y la investigación científica en Bolivia. Sin embargo, la MEB 2019 no se publicó por razones políticas, el Gobierno de facto intentó manipular los datos de forma arbitraria, al no tener éxito optó por ocultar la información. En ese sentido, la publicación de la MEB 2020 democratiza los datos económicos para la población y, además, evidencia con cifras la deplorable política económica recesiva del Gobierno de facto, desmontando completamente la retórica que quiere encontrar en la crisis sanitaria la justificación del desastre.

La MEB demuestra que la contracción económica de 2020 (-8,2%) es solo comparable con la crisis económica posterior a la revolución nacional de 1952 (-9,5%). El Gobierno de facto justificó este número rojo escudándose con la pandemia de covid-19, pero la MEB muestra que el Índice Global de Actividad Económica (IGAE) al primer trimestre de 2020 registró una contracción de -2,5% previo a la pandemia. La tasa de crecimiento acumulada del IGAE a noviembre de 2020 muestra que los principales sectores afectados negativamente fueron minería (-29,9%), construcción (-27,2%), y transporte y almacenamiento (-16,5%). En consecuencia, la economía boliviana redujo su tasa de crecimiento de 3,1% el primer trimestre de 2019 a 0,6% el primer trimestre 2020, y de 2,9% el primer semestre 2019 a -11,1% el primer semestre 2020, mostrando así los efectos recesivos y negativos de la deficiente gestión económica del Gobierno de facto.

La política económica del Gobierno de facto estaba invertida, se guio por preceptos ideológicos del fundamentalismo de mercado e ignoró el contexto de la crisis global. Esta irracionalidad hizo que se descuidara la demanda interna en beneficio de la demanda externa; se apagó uno de los motores que sostuvo a Bolivia en los primeros sitiales de crecimiento económico de la región. En efecto, la MEB muestra que la caída de la incidencia de la demanda interna en el crecimiento económico (-16,5%) no pudo ser compensada por la incidencia de la demanda externa (5,4%). Este es un resultado previsible cuando se busca reducir el déficit fiscal sin importar los medios, el Gobierno de facto optó por contraer la inversión pública en -53% en 2020 en plena crisis. En consecuencia, se contrajo la demanda efectiva con los consiguientes efectos recesivos en la economía boliviana: la fuerte caída de las ventas facturadas de servicios, la reducción en -19% de la inscripción de nuevas empresas, la contracción de exportaciones (-21%) e importaciones (-27%), la caída de las reservas internacionales netas (-18%) y la reducción de las recaudaciones tributarias (-23%).

Durante el Gobierno de facto, los “doctorcitos de Charcas” impacientes por relucir su formación neoliberal, no solo buscaron reducir la inversión pública, además quisieron desplazar al Estado de la esfera productiva a favor del sector privado, oligárquico y transnacional con resultados nefastos. Por ejemplo, la MEB muestra que con la paralización de la Planta de Urea de YPFB, Bolivia pasó de ser exportador neto de urea a ser importador neto, estimando un daño económico de más de 200 millones de dólares. Este boicot es lo que el profesor David Harvey ha denominado como “acumulación por desposesión” para referirse a los mecanismos más primitivos que tiene el capital transnacional para apropiarse de las empresas públicas o bienes comunes en complicidad con las élites antinacionales.

La MEB 2020 también muestra que el Gobierno de facto generó el primer déficit corriente (-5,9% como porcentaje del PIB) en casi una década y media. Hasta antes del golpe de Estado de noviembre de 2019, los déficits globales eran destinados a la inversión pública, sin embargo en 2020 el Gobierno de facto priorizó el gasto corriente. En ese sentido, la deuda interna del TGN pasó de 16% del PIB en 2019 a 27% del PIB en 2020. El Gobierno de facto justificó esta desmesurada contratación de deuda interna so pretexto de atender la pandemia, pero ni consiguieron pruebas rápidas masivas, ni mucho menos potenciaron el endeble sistema de salud, al contrario, en 2020 se hicieron públicos numerosos casos de corrupción como el indignante caso del sobreprecio de los respiradores que para colmo ni siquiera eran de terapia intensiva. La deuda externa también se incrementó de 27,4% del PIB en 2019 a 31,7% del PIB en 2020, el Gobierno de facto recurrió a mecanismos ilegales e ilegítimos según la legislación boliviana como, por ejemplo, la deuda ilegal contraída con el FMI. En consecuencia, por la corrupción, la falta de transparencia y la ausencia de legitimidad en el accionar del Gobierno de facto, las calificadoras castigaron el riesgo soberano de Bolivia.

Por último, la MEB 2020 no solo muestra cifras económicas, también proporciona importantes indicadores sociales. Durante el Gobierno de facto, la pobreza moderada que había descendido continuamente por más de una década, en 2020 incrementó en 1,7 puntos porcentuales, la pobreza extrema incrementó en 0,7 puntos porcentuales, y el índice de Gini muestra que la desigualdad incrementó en 0,03 puntos porcentuales. La tasa de desempleo abierto urbano se duplicó, pasó de 4,8% en 2019 a 8,4% en 2020. Resultados lamentables, estos que dejó el Gobierno de facto, para una sociedad deudora de justicia social con las grandes mayorías de la población.

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