2 de mayo de 2021, 8:16 AM
2 de mayo de 2021, 8:16 AM

Que una institución tan grande y relevante del viejo continente como es el Parlamento Europeo, geográficamente tan distante de nuestro país, que es multinacional y que sin duda tiene otras prioridades en su agenda, dedique una sesión para considerar la situación política de Bolivia es en sí mismo un hecho relevante que debe ser tomado en cuenta, en lugar de descalificar a priori lo que diga con el argumento de “injerencia externa”. 

La Unión Europea, esto es la asociación económica y política compuesta por 27 países europeos, es un actor importante que promueve la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos, pero también es el mayor bloque comercial del mundo que trabaja para fomentar la estabilidad, la seguridad, la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho a nivel internacional.

Basada en esos principios y misiones, la Unión Europea ha tenido un papel importante en determinados momentos críticos de la historia reciente del país, y uno de ellos fue su acompañamiento al proceso de transición gubernamental tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019, en momento en que el país no sabía cómo encaminar la salida de un momento inédito de ingobernabilidad.
El Parlamento Europeo es una de las instituciones principales de la Unión Europea, y como tal se pronunció el jueves acerca de la situación boliviana a través de una resolución aprobada por la mayoría de sus más de 700 eurodiputados de 27 países y que representan a 477 millones de personas.

La resolución condena la detención “arbitraria e ilegal” de la expresidenta interina Jeanine Áñez, de dos de sus exministros y otros presos políticos, y demanda la inmediata liberación de los detenidos para permitirles afrontar una defensa con garantías de una justicia transparente e imparcial.

Los eurodiputados sostienen que la transición se realizó de manera legal en cumplimiento de la Constitución de Bolivia para llenar el vacío presidencial “provocado por la renuncia del expresidente Evo Morales”.

Así, el Parlamento Europeo reconoce explícitamente que en Bolivia se produjo una sucesión constitucional y que por tanto no hubo ningún golpe de Estado, como porfiadamente repiten las autoridades gobernantes y los dirigentes del Movimiento al Socialismo, comenzando por el propio Morales.

Esa institución también expresó su preocupación por “la falta de independencia e imparcialidad” del sistema judicial boliviano, que provoca, dicen, la falta de confianza de los ciudadanos, y detectó una injerencia manifiesta en el poder judicial, ejercida con “presiones políticas” para incidir en los procesos.
Esa voz clara y democrática, que surge en la comunidad de naciones mejor desarrollada del mundo, no puede pasar inadvertida para el país, que ha caído en una suerte de orfandad de liderazgos locales que levanten su voz por temor, cálculo político o conveniencias.

Que nadie se confunda: el Parlamento Europeo no arriesgaría su enorme prestigio en ninguna jugada política ni se expondría a acusaciones infundadas de supuestas injerencias: cuando se pronuncia, lo hace porque observa que se presentan situaciones extremas, de vulneraciones excesivas de los derechos ciudadanos, como ocurre en el caso boliviano en los primeros meses de esta nueva gestión gubernamental.

No ha hablado “el imperio”, ni “la derecha”, sino una institución multipartidaria elegida directamente por los votantes de la Unión Europea cada cinco años. Y si ha dicho lo que ha dicho del país es porque la sirena de la alerta boliviana está sonando fuerte, incluso a más de 10.000 kilómetros de distancia, allá, en Luxemburgo.

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