Se llamaba Francisco Marupa, tenía 68 años y era parte del pueblo indígena leco, que vive en los alrededores del Parque Nacional Madidi y la provincia Apolo, en el mismo lugar donde abunda la explotación ilegal de oro, que tiene tomada la zona, casi sin presencia del estado. Fue asesinado y las razones de su muerte aún no están esclarecidas, pero ya generaron preocupación en el cuerpo diplomático de la Unión Europea y de otras delegaciones diplomáticas en Bolivia.
Hay infinidad de reportes periodísticos y de denuncias que hablan del peligro que representa la minería ilegal en esa y en otras zonas del país. Específicamente en el Parque Nacional Madidi, los explotadores de oro se han convertido en una amenaza para el medioambiente y también para las comunidades originarias que han sido desplazadas y amenazadas por las organizaciones delictivas que pululan por la zona.
La familia de Marupa denunció su desaparición el 12 de febrero y el 14 se conoció de su muerte violenta. Hay un detenido por el hecho. Dijo que lo mandaron a ejecutar a este indígena leco, que también era conocido como defensor del medioambiente. El único acusado entró en contradicciones, por lo que sus declaraciones deben ser contrastadas con una investigación seria y responsable. Al contrario de la rigurosidad que se requiere en este caso, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, se apresuró a decir que las razones del crimen “fueron personales”, sin especificar de qué se tratan. Pero no tuvo reparos en negar que el crimen esté vinculado con la minería ilegal. Sería bien que la autoridad demuestre lo que afirma tan suelto de cuerpo.
Ese afán de minimizar la vulnerabilidad de los pueblos indígenas solo muestra que las organizaciones criminales tienen mucho poder y que no hay control sobre lo que ocurre en los alrededores del parque nacional Madidi. En esa misma zona ya fueron retenidas autoridades nacionales. La muerte del indígena leco, lamentablemente, no es el único hecho violento en la zona. Frente a esta situación no es evidente la presencia fuerte del Estado para devolver tranquilidad y orden a la zona.
Aparte de invadir con violencia los territorios indígenas, los mineros ilegales contaminan los ríos y depredan el área protegida y la vida que hay en el lugar. Explotan oro haciendo uso desmedido de mercurio, utilizan grandes dragas, etc. ¿Quién controla? ¿Acaso se puede garantizar que el trabajo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) es idóneo si sus directivos han tenido tantas denuncias de corrupción y abuso?
No es el único lugar donde los indígenas son vulnerables. Ya se vio cómo fueron acosados por los cocaleros en el Tipnis o cómo son violentamente desplazados en las áreas protegidas de Bajo Paraguá por los toma tierras. ¿Quién defiende a los pueblos originarios en un gobierno que supuestamente era su defensor?
El país y las organizaciones indígenas no pueden quedarse con la simplista y apurada respuesta del ministro de Gobierno. La investigación seria del hecho es un requisito obligado para esclarecer los sucesos y castigar a los responsables. Pero, sobre todo, urge que se acabe con los territorios sin Estado y gobernados por organizaciones criminales, sean mineros ilegales, invasores de tierras en el oriente o narcotraficantes. Es lo menos que se espera en un país que quiere recuperar la estabilidad y la tranquilidad perdidas desde hace años.