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27 de febrero de 2018, 4:00 AM
27 de febrero de 2018, 4:00 AM

El vivir en una ciudad obliga a reconocer y aceptar un conjunto de exigencias que son consecuencia natural de hacerlo junto a otros, en comunidad y cercanía.

La isla individual adquiere la calidad de archipiélago social, compromiso de relacionamiento y obligaciones que interactúan; quienes vivimos en ciudades, debemos compatibilizar nuestras necesidades y expectativas para que se sumen a las que poseen los que viven en el mismo espacio. La suma de esfuerzos colectivos y de organización imprescindible, permite que el uso del tiempo individual favorecido por economías de escala en servicios públicos, adquiera el respeto del ocio productivo que nos merecemos.

Nuestra investigación en el Cepad sobre el tema de ciudades, deja en evidencia la ausencia de consciencia urbana en los habitantes. Se verifica la falta de cumplimiento de exigencias básicas, propias de necesidades colectivas. La lista pasa por los modos de enfrentar el tema de la basura, carente de separación; la ausencia de disciplina mínima en el transporte que se vuelve un caos y un atropello; el estado deplorable de los mercados y la existencia de sistemas de organización que priorizan el desorden y los grupos gremiales por encima del interés colectivo; carencia de procedimientos expeditos y amigables en favor del administrado, que debe realizar filas inmisericordes para trámites básicos e imprescindibles, con una carga latente de corrupción e indefensión; la seguridad ciudadana, en manos de la negociación y el chantaje por su administración desde el interés político; la inexistencia de espacios con calidad de bienes públicos en proporción a las necesidades de la población… cada una de estas situaciones, y las que siguen en la lista larga de insensibilidades públicas, se resumen en la ausencia de respeto al consumidor, al administrado y al ciudadano en una nueva forma de violación de Derechos Humanos.

De las muchas razones que encontramos, tres adquieren la calidad de paradigmáticas y necesitan ser enfrentadas.

La improvisación en la gestión pública, carente de servidores formados en el ejercicio de capacidades e idoneidad. La falta de voluntad y creatividad se expresa en una constatación empírica: en la era de la cibernética, la robótica y la conectividad, la gestión sigue siendo manual en una gran parte del proceso. Y la ausencia del presupuesto colgado en una página institucional, con ejecución a tiempo real, deja en evidencia los intereses del ocultismo.

La segunda razón está en una sociedad que no asume la exigencia de vivir en un orden urbano, imprescindible y creativo; los procesos migratorios realizan presión sobre los servicios y la carga que debe ser soportada por llegada o abandono de territorios, no responde a una definición de emergencia nacional que debiera adquirir el fenómeno. El Estado boliviano fomenta la presión migratoria y los parches de coyuntura no lo liberan de la responsabilidad frente al futuro: el año 2032, el 90% de los bolivianos viviremos en ciudades.

Finalmente, el Estado y la sociedad convivimos en un escenario que pondera lo originario indígena campesino, respetable desde el punto de vista político y electoral, pero rotundamente criticable desde el punto de vista de políticas públicas.

Cuando escuchamos declaraciones y leemos entrevistas de las autoridades nacionales, comprobamos la ausencia de consciencia oficial sobre la materia. Parece que esta también debe ser una tarea que asuma la sociedad civil.

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