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15 de octubre de 2017, 4:00 AM
15 de octubre de 2017, 4:00 AM

La Constitución Política del Estado establece un cambio fundamental en la estructura y organización territorial estatal, pues la implementación del régimen autonómico con las características que este contiene, implica no solamente una respuesta a demandas históricas, sino también un desafío para la mejora permanente de la calidad de bienes y servicios prestados a través del nivel central del Estado y los gobiernos autónomos. 

Por ello afirmaciones de que la categoría urbana pasa desapercibida por la ausencia de políticas públicas sobre ellas, las ciudades intermedias del ciudadano Carlos Hugo Molina, está ausente de la realidad de Bolivia. El Plan de Desarrollo Económico y Social, en plena ejecución, preserva la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal.  Con una inversión pública aproximada de $us 48.574 millones en el periodo 2015-2020 implica que en seis años se invertirá 2,4 veces más que en los nueve años del periodo 2006-2014, y con relación al 1997-2005 de ocho años se invertirá 9,6 veces más. 

Esta extraordinaria inversión se asienta en la nueva estructura territorial autonómica del país y se proyecta hacia el 2025 con la Agenda Patriótica. Por ello es importante incluir en cualquier diagnóstico o investigación  sobre el desarrollo presente y futuro a las inversiones para los sectores productivos, los procesos de industrialización y generación de valor agregado, que corresponden a proyectos estratégicos en industria hidrocarburífera, minería, agropecuaria, turismo, energía, industria manufacturera y complejos industriales. La mayoría de ellos ubicados en áreas rurales y ciudades intermedias.

Como resultado de las políticas del proceso de cambio que conduce el presidente Evo Morales, a partir del año 2008 alcanzamos una importante reducción en la pobreza extrema, del 38,2% en 2005 al 17,3% en 2014. Los niveles de pobreza extrema en el área urbana bajaron, entre 2005 y 2014, del 24,3% al 8,3%, en tanto que en el área rural disminuyó del 62,9% al 36,1%.

Entre el entramado de atención en políticas públicas a las áreas urbanas (entre ellas a ciudades intermedias), la cartera de Autonomías tiene registrados 146 centros urbanos homologados y alrededor de 574 centros poblados de diferentes dimensiones en trámite de homologación, lo cual significa que 246 gobiernos locales, en uso de su competencia exclusiva, están planificando el desarrollo urbano a largo plazo. Actualmente bordeamos el 1% (10.985 Km2) de la superficie total del país (1.098.581 Km2) que cuenta con área urbana homologada, para el 2025 se proyecta que llegaremos al 3% (32.957 Km2), lo que demuestra que la gran parte del territorio es y seguirá siendo preminentemente rural.  

Finalmente en Bolivia se consideran ciudades intermedias aquellas localidades mayores a 20.000 habitantes, registrándose 74 ciudades bajo esta escala. Existen 12 ciudades con más de 100.000 habitantes, incluidas las nueve ciudades capitales de departamento junto a  El Alto. Para el caso de ciudades intermedias, una condición poblacional es de 20.000 habitantes en un centro poblado urbano, y no así en toda la jurisdicción municipal. La histórica inversión pública de más de 7.000 obras en la última década, en educación, hospitales, aeropuertos, caminos, agua potable, riego y complejos productivos, entre otros, generó estatalidad y la re ruralización del país, lo que nunca sucedió en 180 años en Bolivia.   

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