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Aunque el título de esta columna es similar al de un libro publicado en 1919 por el famoso economista John Maynard Keynes, mi intención es comentar sobre la conflictividad (en realidad, la falta de esta) y el crecimiento económico.

En cualquier parte del mundo y en todas las épocas de su historia, los conflictos sociales han implicado interrupciones en la actividad económica y los ingresos. Por ejemplo, en el siglo pasado la mayor conflictividad se observó en África, caracterizada por alta fraccionalización etno-lingüística que provocó varias luchas internas y guerras.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en una investigación realizada en 2019 calculó que los países en general perdieron más de dos puntos porcentuales de crecimiento anual por los conflictos.

Dos puntos marcan la diferencia. Un país cuyo ingreso por habitante crece al 2% al año duplicará su estándar de vida en 35 años, mientras que uno que crece un 4% (sólo dos puntos porcentuales más) tendrá el doble de ingreso en menos de 18 años.

Desafortunadamente, Bolivia no es la excepción. Un libro publicado en 2008 por los investigadores José Luis Evia, Roberto Laserna y Stergios Skaperdas, titulado Conflicto social y crecimiento económico en Bolivia (1970-2005) encontró que nuestro país perdió cada año en promedio $us 90 millones de hoy a causa de la conflictividad entre 1950 y 2005.

En términos más recientes, desde el Centro Boliviano de Economía (CEBEC) calculamos que las pérdidas económicas por la conflictividad observada en 2019 estarían entre $us 400 y $us 1.200 millones dependiendo del enfoque utilizado para su cálculo.

Hasta ese año era difícil conocer el efecto económico de un paro porque no existían indicadores diarios de actividad en países y, peor aún, en ciudades.

No obstante, la pandemia cambió todo porque se necesitan esas cifras para saber la efectividad de las medidas de confinamiento y cómo ha variado la movilidad en las actividades sociales para controlar la pandemia. Gracias a Google tenemos varios indicadores que miden las actividades comerciales, de recreación, de transporte, etc.

Con esta información estimamos que, en el paro de 11 de octubre pasado, la movilidad a nivel nacional se redujo en 30%. Sobre esta base y tomando como referencia las pérdidas económicas por la pandemia, se podría estimar que el paro habría significado al menos $us 60 millones.

La economía necesita certidumbre, pero también paz para desarrollarse.

En el ámbito de la discusión económica del crecimiento económico desde 2005 existen dos visiones: una que apunta a la suerte por los altos precios de materias primas y dinámico crecimiento externo y otra que atribuye a la demanda interna, en especial la inversión pública.

Sin entrar en esa discusión, deseo llamar la atención que entre 2006 a 2014 también se observó baja conflictividad social comparada con el periodo previo y posterior. O, por lo menos, que existieron mecanismos de resolución de conflictos que permitieron dar certezas ausentes.

Por tanto, presumo que el crecimiento promedio de 5% en esos años también respondería a un clima de tranquilidad social, quedando pendiente la evidencia empírica que soporte y cuantifique esta afirmación.

¿Esto significa que los conflictos, pasados y presentes, son ilegítimos?

Para nada. El punto principal es que se necesitan instituciones que puedan ayudar a resolver las divergencias. En casi todo el mundo, a nivel personal y empresarial, el poder judicial es la principal vía. Por eso, un sistema jurídico probo es indispensable para la sana convivencia.

Cuando se trata de grupos en conflicto, la mejor ruta es la democracia y las instituciones que implica, empezando por el diálogo.

Este sistema genera más crecimiento económico, pues como lo muestra un estudio de los respetados académicos Daron Acemoglu (MIT) y James Robinson (Chicago), la democracia se asocia en promedio a un ingreso 20% más alto en el largo plazo.

Pablo Mendieta es Economista


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