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Apenas dos días después de la posesión del nuevo Gobierno encabezado por el presidente Luis Arce, Bolivia volvió a encaminarse hacia un nuevo proceso electoral, esta vez para elegir gobernadores de departamentos y alcaldes de ciudades y pueblos en todo el país, pero con una gran duda dando vueltas en el ambiente político: la confiabilidad del padrón de electores.

El país volverá a los recintos electorales el domingo 7 de marzo, en poco menos de cuatro meses y diversas voces le han venido pidiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se haga una auditoría exhaustiva del padrón electoral, se haga un contraste de huellas digitales del biométrico o, finalmente, se haga el registro para un nuevo padrón nacional que dé la certeza de confiabilidad a quienes hoy no confían en el actual sistema.

Una de las más recientes organizaciones en solicitar esa medida es el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que pidió una auditoría forense y la comparación del padrón con las huellas digitales del registro biomético.

¿Por qué se insiste en pedir una auditoría o un nuevo padrón electoral? La principal razón es que el actual libro de electores con que se manejan las elecciones del país, sean nacionales o subnacionales, ha sido construido durante los 14 años del gobierno de Evo Morales en un proceso que no fue del todo transparente.

Por otra parte, las evidencias de fraude en las elecciones de octubre de 2019 enumeradas en un informe formal de la Organización de Estados Americanos, sembraron mucha desconfianza en todas las demás instancias y oficinas relacionadas con el Órgano Electoral Plurinacional, que estuvo controlado por vocales afines al partido de Gobierno de Morales. Si hubo fraude el 20 de octubre de 2019, entonces es que los registros que se utilizan para la votación también pudieran estar en entredicho.

Lo llamativo de este caso es la posición por momentos indiferente por parte del presidente del TSE, Salvador Romero Ballivián, frente a las denuncias, que en todo este tiempo ha adoptado una posición de tenaz resistencia a todo intento por revisar, cuestionar, fiscalizar o auditar. 

¿No fue acaso la propia vocal del TSE Rosario Baptista Canedo quien desde el seno mismo del organismo electoral pidió a la OEA una auditoría especializada del padrón? Que un día después haya salido Baptista a hacer precisiones sobre su carta no hizo más que confirmar la desconfianza hacia algunos personeros del TSE que probablemente ejercieron una presión hacia su colega.

¿No fue ella misma quien habló de la ‘posible existencia de un bloque de data alterno, técnicamente reservado, con acceso privilegiado restringido y secreto, fuera del alcance de quienes hasta ahora verificaron la integridad de este padrón’? No lo ha dicho un renegado opositor, sino nada menos que una vocal del máximo tribunal electoral del país.

La pretendida confiabilidad del padrón electoral no es poca cosa: de cómo esté ‘conformado’ por dentro depende en buena medida parte del resultado de una elección. Salvador Romero Ballivián haría bien en abandonar su postura imperturbable para darle confianza al país. ¿Qué pierde él con una auditoría o un nuevo padrón? Nada. Pero si continúa negando el derecho del país a conocer la verdad sobre el padrón, entonces estará poniendo en duda su propio prestigio como profesional de procesos electorales.