En los últimos años, las encuestas preelectorales han adquirido un protagonismo inquietante en la vida política boliviana. De ser instrumentos diseñados para interpretar tendencias del electorado, han pasado a convertirse, en muchos casos, en verdaderas armas de influencia. La frecuencia con la que son publicadas, la cobertura que reciben en los medios y la manera en que se replican en redes sociales han hecho que muchas veces las encuestas dejen de ser un termómetro para transformarse en un espejo distorsionado de la realidad.
El problema no radica en la herramienta en sí, sino en su uso –y abuso–. La ciudadanía boliviana se ha vuelto espectadora de una danza de porcentajes, gráficas y titulares que, lejos de informar con transparencia, a menudo buscan instalar narrativas favorables a determinados intereses. Encuestas sin ficha técnica visible, con muestras dudosas o con preguntas capciosas terminan por erosionar la confianza pública y alimentar un clima de sospecha permanente.
Detrás de esta práctica subyace una lógica peligrosa: si la percepción crea realidad, entonces influir en la percepción puede ser más útil que ganar votos con propuestas. Así, muchas encuestas se convierten en herramientas de campaña disfrazadas de análisis técnico. Se instala la idea de que ciertos candidatos ya ganaron, que otros no tienen posibilidades, o que la competencia se limita a dos opciones, cuando la dinámica electoral es, en realidad, mucho más compleja y fluida.
En este contexto, la responsabilidad ética de los medios de comunicación y las empresas encuestadoras es mayúscula. No se trata solo de publicar números, sino de explicar qué significan, cómo se obtuvieron, qué márgenes de error existen y cuáles son sus límites. El deber de informar debe ir de la mano con el deber de educar. Lamentablemente, no siempre ocurre así. A veces se privilegia el impacto mediático antes que la precisión, se reduce el análisis a titulares llamativos y se margina el debate profundo en favor de la especulación superficial.
Cabe entonces preguntarnos: ¿Quién gana realmente con las encuestas? ¿Son herramientas al servicio de la democracia o de intereses particulares? ¿Estamos informando a la ciudadanía o fabricando consensos artificiales? ¿Dónde queda el juicio crítico del votante si, antes de escuchar propuestas, se le presenta un mapa electoral previamente trazado?
Estas preguntas no pretenden descalificar el trabajo serio de muchas encuestadoras ni desconocer el derecho a la información. Todo lo contrario. Lo que está en juego es el fortalecimiento del espacio público democrático. Una encuesta bien hecha puede orientar, enriquecer el debate, mostrar preocupaciones ciudadanas y facilitar decisiones informadas. Pero una encuesta manipulada, o mal presentada, puede desvirtuar el proceso electoral, inhibir la participación y favorecer estrategias de poder que poco tienen que ver con la voluntad popular.
En tiempos de polarización, incertidumbre y desconfianza, las herramientas de medición deben manejarse con el mayor rigor posible. El país necesita menos espectáculo y más responsabilidad. La ciudadanía merece datos confiables, análisis serios y medios comprometidos con la verdad, no con la agenda del día.
Las encuestas no deben ser oráculos ni sentencias anticipadas. Son solo una fotografía parcial y temporal de un fenómeno vivo y cambiante: la opinión del pueblo. Si entendemos eso, podremos devolverles su verdadero valor y evitar que se conviertan en instrumentos de manipulación que, lejos de fortalecer la democracia, la debilitan desde su base.