Hace ocho meses, unos 70 campesinos afines al Movimiento al Socialismo atacaron a un grupo de 17 periodistas, trabajadores agrarios y policías en Las Londras, en el norte cruceño: salieron del monte con armas, algunos estaban encapuchados, secuestraron a la comisión que llegaba al lugar a inspeccionar una denuncia de toma de tierras, los torturaron, destruyeron equipos y los amenazaron de muerte, y al final del día los liberaron después de hacerles firmar un compromiso de que no harían denuncia alguna.

Ningún jurista podría negar que en esa acción violenta confluyen una buena cantidad de delitos contemplados en el Código Penal boliviano y en las legislaciones de cualquier país del mundo. Pero esto es Bolivia, y aquí tristemente las leyes duras solo existen para algunos, principalmente para los que piensan distinto a la ideología dominante y en el poder.

Y como los dos únicos detenidos preventivos son dirigentes de organizaciones afines al MAS, un juez decidió liberarlos y darles simples detenciones domiciliarias sin escolta policial. Es decir, nadie vigilará que se queden en sus casas y muy probablemente volverán a sus rutinas habituales, como si aquí nada hubiera pasado.

Evert Sixto Canaza y Paulino Camacho son esos dos acusados, que incluso admitieron su acción, aunque trataron de matizar con que ‘no tenían intención de hacer daño a nadie’, y que ahora podrán continuar libremente haciendo sus fechorías y sus aventuras armadas en un país en que, en teoría, se castiga la existencia de grupos irregulares armados, en un país donde el secuestro es un delito; en un país donde la tortura es delito.

¿Por qué están fuera de la cárcel estos dos señores? El juez que los liberó se llama Roberto Cruz Hurtado Roca, de Guarayos. Él consideró como válido un certificado policial de Evert Sixto Canaza, en el que se dice que no tiene antecedentes penales.

Sin embargo, la comisión de fiscales del caso y la abogada Raquel Guerrero, defensora de los periodistas, demostraron que el acusado tiene dos procesos en su contra que cursan en ese mismo juzgado, uno de ellos por robo agravado y daño calificado, y otro por ocupación ilegal de tierras, por el que incluso tiene una orden de aprehensión.

Pero el juez Roberto Cruz Hurtado Roca decidió ignorar esos antecedentes y no sabemos si fue presionado o recibió instrucciones del partido gobernante o, quién sabe, si de alguna autoridad misma del Gobierno para soltar a sus aliados, pero el caso es que sus decisiones vienen a sumarse a tantos otros casos que tienen la misma lógica: la justicia actúa y falla en concordancia exacta con los intereses del MAS.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y otras organizaciones periodísticas de Santa Cruz y el país han elevado su voz de protesta por la absurda decisión del juez, que favorece a dos agresores que usaron armas irregulares, secuestraron, torturaron y amenazaron con matar a los periodistas, y han adelantado que emprenderán otras acciones, esta vez en el plano internacional, para denunciar primero esos atropellos, y buscar, en segundo lugar, que se haga justicia.

Por lo demás, con casos como este, el vaso de la pérdida de credibilidad y confianza de la justicia boliviana no es que haya rebalsado, porque eso ocurrió hace mucho, sino que viene dejando caer cascadas de evidencias de que ya nadie cree en ella. Ese es el costo de haberse puesto al servicio del poder político.