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El vicepresidente electo David Choquehuanca dijo que los nuevos gobernantes recibirán un país con las arcas vacías, y de inmediato le respondió el ministro de Economía, Branko Marinkovic, y detalló que el gobierno saliente deja Bs 17.145 millones a la administración que tomará posesión el 8 de noviembre.

Pero además las reservas internacionales no se tocaron en el Gobierno transitorio, la inflación está en 1,7 por ciento y se deja un presupuesto asignado de 10 por ciento para salud y 11 por ciento para educación, según las cifras del ministro.

Entre las recomendaciones que deja para las próximas autoridades del área económica, Marinkovic mencionó que más que disminuir salarios en el sector público, lo que hay que hacer es trabajar en hacer un Estado más pequeño y eficiente, no burocrático, que funcione para los bolivianos y no para sí mismo. El Estado boliviano paga todos los meses 4.000 millones de bolivianos solo en sueldos.

Anteriormente, el mismo ministro había señalado al tipo de cambio fijo de la moneda como un problema que genera desfase y perjudica a las exportaciones nacionales, por lo que recomendó a la próxima gestión hacer una devaluación controlada de la moneda, porque de no hacerlo el riesgo es que Bolivia se convierta en un país netamente importador.

En una entrevista periodística, el presidente electo Luis Arce dijo que en la medida de las posibilidades no se va a devaluar el boliviano, pero deslizó que si es inevitable se tendrán que tomas las medidas que la economía demande.

Ese adelantado debate sobre medidas económicas permite prever –o por lo menos desear- que la próxima gestión de gobierno tendrá que estar completamente dedicada a la velar por la economía boliviana y su reactivación, porque de ella dependerá también la posibilidad de generar empleos para los bolivianos.

Sin embargo, en Bolivia es difícil pedir que no se politice un asunto tan delicado como este, porque incluso desde antes de asumir, el nuevo Gobierno ha estado culpando de los malos indicadores a la gestión saliente, cuando todos sabemos que acá y en el mundo entero las economías de las naciones han sido golpeadas por la llegada del Covid-19, sus cuarentenas y suspensión de actividades productivas y comerciales.

Los economistas saben, además, que la crisis boliviana viene desde el año 2015, durante la gestión de Evo Morales, cuando el déficit fiscal bordeaba el 8 por ciento, por el desproporcionado aumento del gasto público.

En esa línea, la primera medida que tendría que adoptar el nuevo Gobierno es una reducción drástica del número de ministerios, que el gobierno de Evo Morales elevó a 20 carteras, cuando el promedio anterior a los gobiernos del MAS era de 10 a 14 carteras.

Otra medida inmediata que el gobierno de Arce debe adoptar es el cierre de empresas estatales deficitarias, particularmente aquellas que creó el Gobierno de Evo Morales con la supuesta idea de potenciar un Estado empresario, poderoso, generador de empleo e ingresos con empresas estatales.

Los años demostraron que esas empresas no sirvieron para nada, y que cerrarlas es un imperativo, aunque probablemente el nuevo Gobierno se resista, porque en términos políticos hacerlo significaría admitir que su creación fue un error. El tiempo dirá si pudo más la racionalidad económica o el discurso político.