“Legados de la revolución francesa y del paro cívico”
Respetando las diferencias entre la Revolución Francesa y el último paro cívico, se hace imperioso señalar que ambos hechos, a pesar de que las actividades de estos en algún momento cesaron, no obstante, dejaron importantes legados. La primera, tuvo importancia en la independencia de todos los países de América y la ruptura de las monarquías en Europa. Ya la segunda y a pesar de los negacionistas que insisten que no logró sus cometidos, veremos que no es así. Por ello y para una mejor compresión del éxito de las acciones cruceñas, debemos analizar que la misma posee similar caldo de cultivo y paradigmas resultantes que la revuelta de los galos.
La Revolución Francesa, fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, tuvo su origen en: 1) “La Situación Política Deteriorada”, donde solo la nobleza podía ocupar los puestos políticos y militares de mayor importancia. Se vivía bajo un régimen autoritario (absolutismo) en el que la nobleza y el alto clero copaban la riqueza. 2) “La Crisis Económica”: únicamente el tercer estamento (la burguesía y los campesinos) eran los que pagaban impuestos y toda vez que las malas cosechas ocasionaron problemas de abastecimiento de alimentos básicos, como el pan. Sumadas las sequías y heladas que originaron desabastecimiento y la escalada del desempleo. Provocaron un círculo vicioso que afectó la capacidad Estatal de enfrentar su deuda, dando lugar a una profunda crisis financiera.
3) “Las Libertades y Derechos limitados”, la monarquía absoluta a cargo de Luis XVI no daba opción de soberanía más que a Dios; por tanto, no existía, división de poderes. Debido a ello, los derechos y libertades de los francos eran muy limitados. Como consecuencia, los intelectuales de la burguesía, desarrollaron las bases de la “Declaración de Derechos Humanos”, los cuales se asientan en los principios de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. 4) “La Crisis Moral y Religiosa”, provocó el desarrollo de una revolución intelectual que ponía en tela de juicio al régimen que reinaba en aquel momento. La desconfianza de los ciudadanos en el gobierno creció a pasos agigantados y surgieron nuevas figuras de referencia como Voltaire, Montesquieu y Rousseau.
Sin embargo y a pesar de los grandes avances, la insurrección francesa colisionó con la oposición de las potencias europeas, ya que, sus ideas, eran contrarias a lo que representaban las monarquías europeas. Por ello, Francia entró en guerra con diversos estados europeos, logrando sobrevivir al acoso internacional. Sin embargo y a pesar de la lucha realizada, la monarquía absoluta de Luis XVI terminó siendo sustituida por el Imperio de Napoleón Bonaparte.
No obstante, los apetitos imperialistas de Napoleón, que a priori acabaron con la revolución francesa, el legado de esta consistió en el “Final de la Monarquía Absoluta”; más “Derechos y Libertades”; se abolieron los privilegios de la iglesia y la nobleza; y la Extensión de los principios de la revolución francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, cruzaron las fronteras de los galos y se extendió por Europa; constituyéndose en los ideales que influyeron las guerras de independencia en América.
Por su parte, el paro cívico al igual que la revolución francesa, deviene de un proceso social y político consistente en la oposición a las políticas centralistas, de sometimiento y de pror roguismo de las dos administraciones del MAS, con acciones como el “21F”; la marcha de los médicos contra determinado compendio de leyes penales; el paro cívico contra el fraude electoral; paro cívico contra un paquete de leyes que visaba mayor control desde el ejecutivo a la sociedad y finalmente, el último paro cívico por el censo electoral. Como se ve, todas las citadas acciones lograron sus cometidos y frenaron al MAS en sus apetitos de mayor concentración de poder en el ejecutivo o de prolongación de su administración gubernamental.
El último paro cívico, a priori, ante la nación boliviana, desnudo las pretensiones del gobierno de realizar el censo en un plazo que arrojase sus resultados para no ser aplicados en las próximas elecciones del 2025 sino en las del 2030, relegando los derechos a coparticipación tributaria del departamento y lo más importante, no rever el padrón electoral, que de la manera que está diseñado favorece al gobierno con más escaños en los lugares afin del masismo y en detrimento a la repartición per cápita. Asimismo, instituyó revisar la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano, a través del derecho de replantear su relación con él y a reconsiderar opciones alternativas viables constitucionalmente para decidir su destino, amparado en el “Derecho Internacional a la Autodeterminación de los Pueblos”.
Tales determinaciones evidentemente resonaron en el resto del país, basta con verificar las opiniones vertidas en los medios de comunicación de otros departamentos de la república que mediante sus ilustres pensadores coinciden en señalar que Santa Cruz se colocó a la vanguardia y abanderado de los intereses nacionales, entre ellos, el censo y sus repercusiones; así como, truncarle al gobierno sus perennes intentonas de reproducirse en el gobierno. Corolario de dichos logros es que el vocero presidencial, Jorge Richter, admitió que el gobierno cedió con la Ley del Censo para “pacificar” Santa Cruz, revelando que el Gobierno evaluaba dos caminos, la militarización del departamento mediante un estado de excepción, y la otra, buscar una salida pacífica, como la que se decantó a través de la Asamblea Legislativa.
Concluyentemente y para el pesar de los negacionistas de la victoria cruceña, al igual que los logros de la Revolución Francesa, Santa Cruz pudo oficializar el Censo y su máxima de “Autodeterminación de los Pueblos”. Si bien posee una ley y un decreto del Censo, ante la conducta errática gubernamental, cabe a la ciudadanía controlar el cumplimiento de dicho empadronamiento. Aparejado a ello y en virtud a las amenazas de procesamiento penal de las personas que apoyaron el paro, el Comité Cívico debe exigir la independencia de la administración de justicia (Jueces, Fiscales y Policía) para que no sean utilizados como represión de la población; extraña que el Comité Cívico a la fecha no lo haya hecho, siendo que su propio presidente viene sufriendo en carne propia tal intimidación jurídica.
