Opinión

Ley 247: una puerta abierta al abuso inmobiliario

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23 de agosto de 2017, 4:00 AM
23 de agosto de 2017, 4:00 AM

La ley 247 fue aprobada en 2012 para regularizar derechos propietarios que, de buena fe o no tan buena, están asentados en terrenos privados o públicos desde antes de 2007. Así, estos vecinos fantasmas quedan visibilizados y aptos para cumplir con sus obligaciones tributarias y ejercer sus derechos sobre el bien inmueble; también la ley otorga la posibilidad de corregir datos técnicos en los registros propietarios, con los beneficios que ello implica para sí mismo y para la administración pública.

La existencia de un número de poseedores irregulares de tierras mereció una ley nacional, desvelando la ineficiencia en la administración pública, ausencia de control, loteos ilegales por una lenta, pesada y non sancta  burocracia en los procesos oficiales de urbanización. Sería bueno conocer datos sobre el impacto de esta misma ley en cada departamento del país, pues más pareciera haber sido aprobada para el oriente boliviano. Su reglamento instruye aprobar el radio urbano de las ciudades que carecen de esta delimitación legal, induciendo que dentro del mismo se incorporen los asentamientos irregulares.

Hasta ahí el discurso de la ley, pero la posibilidad de ampliar el radio urbano se volvió dulce para los inversionistas inmobiliarios, Warnes y Porongo, botones de muestra. Sobre la base de los parámetros técnicos de la norma se esperaba que los municipios realicen proyecciones de crecimiento poblacional con estudios serios y reales; que los saneamientos de tierras rurales sean verificados; que se considere el uso de suelo asignado por el PLUS en su mayor capacidad, es decir, que si la tierra es para producir, si es de riesgo o de protección ecológica, pues en cada caso debería mantener su status rural; las zonas de ampliación deberían ser planificadas y reglamentadas.  El espíritu de esa ley es la regularización de asentamientos preexistentes al año 2007 y no así la creación de nuevas ‘ciudades o pueblos’ dormitorios, sin equipamientos ni servicios públicos, lejos de los centros urbanos consolidados.

Si nos descuidamos, con métodos disimulados y subrepticios se aprovechará esta ley para convertir al cordón ecológico a este lado del río Piraí en el gran proyecto inmobiliario del futuro cercano; y quién sabe si las áreas de riesgo, como el Ambrosio Villarroel, se están engordando silenciosamente, adquiriendo tierras a los asentados a bajo costo, en la incertidumbre que causa su candado “de riesgo y protección”, que se subsana con ‘creatividad municipal’ y con la llave del candado en mano, quedando esta tierra liberada a grandes y devastadores proyectos con nefastas consecuencias para el medioambiente. Contrariamente a la sostenibilidad que se proclama y que se niega al aprobarse leyes manipulables para beneficio de pocos. 

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