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Ley de organizaciones políticas, ¿necesidad o instrumentalización?

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El pasado 6 de agosto, Día de la Independencia de Bolivia, Evo Morales, contra todo pronóstico, redujo el tiempo de su discurso informe a la nación a 33 minutos, cuando estaba planificado para, al menos, dos horas. La causa era que, en el acto, un grupo de legisladores opositores más algunos activistas de oposición (que nadie sabía cómo se habían colado en el evento), empezaron a gritar la consigna de “Bolivia dijo no”, que le recordaba al presidente el resultado del referendo del 21-F de 2016, en que la mayoría de la población rechazó su intención de repostular a la Presidencia por cuarta vez consecutiva. Dictamen que Morales, por todos los medios, trata de desconocer.

El éxito de la oposición, que logró colocar en la agenda pública la disputa en torno a la validez de los resultados del referendo del 21-F, tenía efectos catastróficos en la popularidad del presidente. Una encuesta de Ipsos indicaba que la aprobación a la gestión presidencial, para abril de 2018, había bajado siete puntos en relación con el año anterior, para ubicarse en 47%; con fuertes decrementos en ciudades como Santa Cruz, Trinidad y Cobija, donde el descenso de popularidad había sido del 13%.

Ante esta situación, en agosto, el oficialismo retomó la iniciativa política y sorpresivamente empezó a tratar la nueva Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Este proyecto, de 105 artículos, busca normar aspectos como equidad de género, democracia interna en los partidos políticos, financiamiento, entre otros. Sin embargo, el aspecto que centró la atención del MAS fue el referido a la realización de primarias, puesto que se dispuso su realización para enero de 2018 cuando esta se debía llevar a cabo recién para las elecciones de 2024.

Uno de los grandes déficits de la democracia boliviana es su acendrado caudillismo, pese a que los partidos políticos son organizaciones claves de la democracia, ellos no son democráticos en lo interno, porque sus líderes no se someten a un proceso de selección de candidatos. Visto de esta manera, la realización de primarias solo se podía considerar como positiva.

Sin embargo, el apresuramiento de la Asamblea legislativa Plurinacional en discutir y aprobar la LOP, lleva a pensar que, en realidad, lo que hace el MAS es instrumentalizar esta norma para favorecerse políticamente puesto que, por un lado, al adelantar la realización de primarias, reduce considerablemente el tiempo de las agrupaciones políticas de oposición para establecer alianzas y candidaturas y, por otro, desplaza del centro de la agenda pública el desconocimiento de los resultados del referendo del 21-F.

Con toda seguridad que, ante la cercanía de las elecciones presidenciales de 2019, ya desde enero de 2018, las plataformas ciudadanas trataron de desplazarse hacia el campo institucional de la política, ya sea conformando un nuevo partido, o bien buscando establecer esquemas de alianza con algunos de los reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. Pero no es un proceso fácil ni rápido: en el caso de que las plataformas decidan ser un nuevo partido necesitan recursos institucionales y organizativos que no tienen y, para lograr alianzas, necesitan ingresar a una serie de negociaciones muy complejas, donde su postulado de unidad con renovación implica una ingeniería política larga y conflictiva.

En este contexto, lo que hace la nueva ley de partidos es apresurar los tiempos políticos y presionar sobre ambos espacios de oposición (partidos y plataformas ciudadanas). De esta manera, una LOP pensada para fortalecer representatividad política y la canalización de demandas a través de los partidos políticos, en los hechos provocará lo contrario: un desapego hacia las instituciones democráticas y una invitación a la acción directa, a las calles, allí donde se incuba la violencia.

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