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Ley que nace torcida, ¿nunca se cumple?

Maggy Talavera 1/3/2020 03:00

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A siete años de la aprobación de la Ley 348, un sabor amargo cada vez más incómodo nos impide celebrar la misma como una efectiva “garantía” para que las mujeres vivamos en Bolivia “libres de la violencia”. Los hechos de sangre registrados a diario por los medios de comunicación, en los que cada vez más mujeres son las víctimas fatales, aumentan el mal sabor que llega a niveles insoportables cuando damos el siguiente paso: del llanto sobre el cadáver o lo que reste de vida de una mujer violentada, a la búsqueda de justicia, como un antídoto para curar heridas y luto. Un alivio que nunca llega, que queda en la letra tan cadáver como el de tantas mujeres.

La letra muerta de la ley, como repetimos tantas veces, al punto de acostumbrarnos con ello. Tal vez muerta desde que nació de una muerte, la de Hanalí Huaycho, apuñalada por quien fuera su esposo y padre de su hijo, Jorge Clavijo Ovando, la noche del lunes 11 de febrero de 2013. Hubo tal revuelo tras el asesinato de Hanalí, a manos de un policía que había sido clave en la ejecución de tres ciudadanos durante el asalto de la UTARC al hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra en abril de 2009, que el gobierno de entonces se apresuró a impulsar una ley para penalizar el feminicidio. Se apuró más en aprobar la ley, que en capturar y castigar al asesino de Hanalí. Lo hizo antes de que el crimen cumpliera un mes, el 9 de marzo del mismo 2013.

¿Fueron realmente buenas las intenciones del entonces gobierno de Morales al aprobar la Ley 348? ¿Estaba realmente decidido a luchar contra todo tipo de violencia hacia las mujeres? ¿Lo estaban también los otros poderes del Estado, responsables de velar por el cumplimiento de la misma? A la luz de los hechos transcurridos desde entonces, da para responder con un rotundo no. En primer lugar, porque lejos de aprovechar el impulso del momento para coadyuvar a la aprehensión, procesamiento y condena de Clavijo, quienes estaban al mando del país hicieron exactamente lo contrario: favorecieron la huida del feminicida, al punto de montar falsos operativos, dudoso hallazgo del supuesto cadáver de Clavijo y un apresurado cierre del caso a escaso año y medio de cometido el crimen.

El gobierno de Morales no actuó solo. Contó con la complicidad de las autoridades de la Policía del momento, así como de los fiscales y jueces que se hicieron cargo del caso, a los que no les temblaron las manos al momento de avalar una de las acciones más dudosa en la “investigación”, como fue el supuesto hallazgo del cadáver del policía Clavijo en un área de difícil acceso en La Asunta, el 4 de marzo de 2013. El mismo día, sin peritaje técnico de por medio y en el mismo lugar del “hallazgo”, la Policía dio por hecho que se trataba del cadáver de Clavijo y hasta oró “para que Dios perdonara sus errores” y para que este “descansará al lado de su esposa Hanalí”. Solo ahora, siete años más tarde y después de desoír el clamor de la familia Huaycho, la Fiscalía General ha decidido someter a auditoría lo actuado en marzo de 2013 y ha ordenado exhumar el supuesto cadáver de Clavijo.

Habría que someter a auditoría todo, no solo el peritaje de esa autopsia. Tendríamos que descubrir qué pasó antes y después del asesinato de Hanalí. Revisando los hechos, Hanalí nunca pudo contar con la protección del Estado, ni en vida, antes de la Ley 348, ni luego, ya sin aliento, después de que esta fuera aprobada. Al menos once denuncias habían sido hechas por Hanalí contra Clavijo desde 2008, en todas las instancias responsables, desde las del Ministerio Público hasta las de la Policía, llegando incluso a dos jefes nacionales de la institución del orden. Ninguna tuvo eco. Pudo más el interés político del momento, la protección de una cúpula de poder, que el derecho de una mujer a vivir, simplemente. Una realidad que no ha cambiado, a pesar de la nueva ley y muchas promesas, como lo muestran las cruces que siguen sumando tantas otras Hanalí en el jardín de las mujeres muertas.

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