En Bolivia no estamos simplemente ante una crisis judicial. Estamos ante una tragedia institucional y humana. La miseria moral se ha encaramado en demasiados espacios de poder dentro del sistema de justicia penal. Allí donde debería existir prudencia, motivación, legalidad y control constitucional del poder punitivo, muchas veces encontramos automatismo, cálculo, miedo, corrupción y desprecio por la dignidad humana.
La detención preventiva, que constitucionalmente debería ser una medida excepcional, provisional y estrictamente necesaria, se ha convertido en una rutina burocrática. Jueces que deberían analizar riesgos procesales concretos, proporcionalidad, arraigo, conducta procesal y suficiencia argumentativa terminan enviando personas a la cárcel de manera casi mecánica. Como si resolvieran una operación matemática. Como si la libertad fuera un trámite. Como si detrás del expediente no existiera una persona, una familia, un trabajo y una vida entera en riesgo de destrucción.
Pero el problema es todavía más oscuro. En demasiados casos, la detención preventiva parece funcionar como una puerta de entrada a un mercado clandestino de la libertad. Se encarcela primero y se negocia después. La cárcel deja de ser una consecuencia excepcional de una decisión judicial motivada y pasa a convertirse en un instrumento de presión económica.
La pregunta decisiva ya no es si existen elementos suficientes de convicción, peligro de fuga, riesgo de obstaculización o necesidad procesal de la medida. La pregunta brutal, no escrita en ninguna resolución, pero presente en los pasillos del sistema, parece ser otra: ¿cuánto puede pagar esta persona por recuperar su libertad?
Esa es la verdadera obscenidad del sistema penal degradado. Una persona con fuerte sospecha de participación en un delito, incluso con una probable proyección de condena, puede salir si cuenta con los recursos adecuados y los contactos necesarios. En cambio, una persona inocente, pobre o simplemente sin capacidad económica puede pudrirse en la cárcel preventiva como si fuera un objeto abandonado, una bolsa de yute más arrojada al depósito penitenciario del Estado.
Entonces, lo que determina la libertad ya no es la responsabilidad penal, ni la calidad inicial de la prueba, ni la gravedad real del hecho, ni la necesidad cautelar. Lo que determina la libertad es la potencia del bolsillo. Y cuando la libertad depende del bolsillo, el proceso penal deja de ser justicia y se convierte en extorsión con toga.
La tragedia no termina en los juzgados. Continúa, con igual o mayor gravedad, en ciertos espacios del Ministerio Público. La Fiscalía, que debería actuar con objetividad, legalidad y defensa de los intereses generales de la sociedad, también ha sido capturada por prácticas que degradan su función constitucional.
El fiscal no es abogado de la venganza ni comerciante del miedo. Su deber no consiste en destruir imputados ni en fabricar culpables, pero tampoco en administrar selectivamente su energía persecutoria según la capacidad económica de las partes. Sin embargo, en la práctica cotidiana del sistema penal, muchas veces se ha instalado una lógica perversa: se oferta la intensidad del trabajo fiscal.
A veces se cobra para no solicitar una detención preventiva. Otras veces, para formular una imputación débil, omitir diligencias relevantes, retrasar actos investigativos, suavizar una acusación o simplemente mirar hacia otro lado. No se vende únicamente una decisión; se vende la pobreza deliberada del trabajo público. Ese es uno de los absurdos más graves del sistema penal boliviano: funcionarios investidos de una delicadísima función constitucional ofrecen hacer mal su trabajo a cambio de dinero.
A ello se suma otro eslabón deteriorado: la Policía que cumple funciones de investigación y los equipos técnicos encargados de producir información forense. Allí la tragedia adquiere una forma distinta, pero igual de destructiva. El Estado no proporciona condiciones materiales mínimas para investigar con seriedad, y esa precariedad termina abriendo un espacio perfecto para la normalización del cobro informal.
Investigadores sin vehículos, sin combustible, sin hojas, sin impresoras, sin reactivos, sin equipos suficientes y sin laboratorios adecuados quedan atrapados en una estructura absurda. Formalmente tienen el deber de investigar. Materialmente no cuentan con los medios para hacerlo. Y en ese vacío aparece la corrupción como supuesto mecanismo de funcionamiento.
Entonces se instala una justificación conocida: “no hay condiciones”, “no hay presupuesto”, “no hay material”, “no hay movilidad”, “no hay papel”. Bajo ese argumento, lo que debería ser una obligación institucional se convierte en un servicio condicionado. La víctima debe pagar para que se mueva una diligencia. El imputado debe pagar para que se realice una actuación. La familia debe pagar para que el expediente avance. Y todos terminan pagando para que el Estado haga aquello que constitucionalmente ya estaba obligado a hacer.
La realidad boliviana ha terminado superando a la ficción universal. Durante años leímos a Kafka como quien ingresa a una pesadilla literaria: un hombre acusado sin comprender del todo la acusación, atrapado en un sistema opaco, mecánico, insensible, incapaz de escuchar, incapaz de explicar y absolutamente indiferente frente a la inocencia. Pensábamos que aquello era una metáfora genial sobre la burocracia, el poder y la indefensión humana. En Bolivia, por desgracia, dejó de ser metáfora.
Nuestro sistema de justicia penal se parece cada vez más a una versión doméstica, degradada y brutal de “El Proceso” de Kafka. La persona ingresa al sistema y ya no encuentra una institución racional, sino una maquinaria que tritura. No importa demasiado si es víctima, imputado culpable, imputado inocente, testigo, familiar o denunciante. Todos, de alguna manera, son empujados hacia una amoladora de carne institucional.
La víctima tampoco accede realmente a tutela judicial efectiva si no tiene dinero, contactos, tiempo, resistencia emocional o capacidad para soportar años de peregrinación procesal. Denunciar un delito puede convertirse en una segunda forma de victimización. Hay que insistir, rogar, pagar, empujar, recordar y vigilar que el expediente no desaparezca en el pantano de la indiferencia. El Estado promete justicia, pero muchas veces entrega cansancio.
El imputado, incluso cuando pudo haber cometido un delito, conserva derechos. Esa frase, elemental en cualquier Estado constitucional, parece escandalizar a quienes confunden justicia con venganza. El proceso penal no fue diseñado para destruir personas, sino para verificar hechos, atribuir responsabilidades conforme a prueba lícita y sancionar dentro de los límites de la Constitución.
Mucho peor es la situación del inocente. La persona que nunca debió pisar una unidad policial, que nunca debió dormir en una celda, que nunca debió ser exhibida como culpable, descubre que demostrar su inocencia no basta. Puede tener documentos, testigos, lógica, verdad y razón. Pero si se estrella contra un sistema deshumanizado, pobre, corrupto y mecánico, la inocencia se vuelve apenas un dato incómodo dentro del expediente.
Tampoco existe, en la práctica, un verdadero derecho a la impugnación. La revisión superior debería ser una garantía contra el error, la arbitrariedad y el abuso de la primera instancia. Debería permitir que una autoridad independiente corrija resoluciones infundadas, excesivas o contrarias a derecho. Pero si también la segunda instancia se encuentra atravesada por la lógica del pago, la garantía queda anulada.
Cuando vocales, superiores jerárquicos o autoridades revisoras ofrecen cambiar, modificar, confirmar o destruir una resolución a cambio de dinero, el sistema pierde su última promesa de corrección. La impugnación deja de ser garantía y se convierte en una segunda caja de recaudación. El ciudadano ya no recurre para obtener justicia; recurre para ingresar a otro nivel del mismo mercado clandestino.
Por eso, muchos anuncios de reforma judicial terminan siendo apenas líricos. Se habla de transformación, modernización, depuración, meritocracia y transparencia, pero casi nunca se toca el núcleo real del problema: la corrupción como modelo de funcionamiento. No cambian el sistema porque el sistema, precisamente así de enfermo, resulta rentable para demasiados actores.
Si se ataca de verdad el núcleo de la corrupción, el negocio se termina. Y si el negocio se termina, el sistema deja de ser financieramente viable para quienes lo han capturado. Por eso las reformas profundas encuentran resistencia interna. No se trata únicamente de negligencia, atraso tecnológico o falta de presupuesto. Se trata también de intereses concretos defendiendo una economía clandestina construida sobre los derechos de las personas.
La justicia penal boliviana ha sido apropiada por demasiados intermediarios del miedo, de la libertad, de la prueba, del trámite y de la impugnación. Se han adueñado de facultades estatales que no les pertenecen. Han convertido potestades públicas en instrumentos privados de beneficio económico.
Mientras esa captura no sea enfrentada con decisión política, presupuesto serio, control disciplinario real, investigación patrimonial, responsabilidad penal efectiva y vigilancia ciudadana, toda promesa de cambio será apenas literatura administrativa.
El problema no es que falten discursos. Sobran discursos. Lo que falta es desmontar el negocio.
(*) Cristian Sanchez Rodríguez es abogado penalista