Opinión

Lo importante se ha vuelto urgente

2 de abril de 2020, 3:00 AM
2 de abril de 2020, 3:00 AM

Hace pocos días la Cepal difundió un artículo en el que muestra el enorme costo económico y las secuelas sociales que tendrá la pandemia en nuestra región, lo cual no es difícil imaginar sin estadística alguna. Así las cosas, el problema social y económico está apenas comenzando. 

De hecho, uno de los debates más importantes en este momento, en el cual intervienen gobiernos, organismos internacionales, académicos y aficionados al café -hoy a las redes sociales-, es justamente acerca de cómo encontrar un equilibrio o definir la prioridad entre el aislamiento absolutamente necesario por las características de la enfermedad que recorre el mundo y, al mismo tiempo, mantener la actividad económica que es necesaria para restablecer los indicadores de desarrollo general del país, pero fundamentalmente, para evitar la inminente depauperación de las familias que con seguridad engrosarán nuevamente los bolsones de pobreza y extrema pobreza con vertiginosa velocidad a raíz de esta crisis de salud.

Pero además, no olvidemos que en Bolivia cerca al 70% del empleo está asentado en el sector informal de la economía, lo cual en el lenguaje de estos días significa no contar con un salario fijo ni con los beneficios de un seguro de salud, y vivir exactamente del ingreso generado día tras día, a través de emprendimientos por cuenta propia a pequeña escala sobre todo relacionados con el comercio, el transporte, los servicios o la producción de mercancías de inmediata circulación, sectores que hoy justamente se encuentran totalmente inmovilizados e incapaces de regenerar sus recursos.

Debido a la preeminencia de una cultura política altamente estadocéntrica alimentada por siglos de historia, nuestro primer reflejo como sociedad ante la sorpresiva y dramática situación generada por la pandemia, es volcar los ojos hacia el Estado buscando respuestas y soluciones a la incertidumbre. En primer lugar, exigiendo que el Estado controle y evite la expansión indiscriminada del virus con medidas inmediatas, y radicales -que de hecho lo están haciendo-; y en segundo lugar, que encare el impacto socioeconómico que ya se está sintiendo y con seguridad se agravará en el decurso del tiempo. 

La respuesta del Estado ha sido apaciguar a la población en lo inmediato con algunas políticas públicas de emergencia como la reducción del costo de servicios básicos, la regulación de los pagos de créditos bancarios, la entrega de alimentos o subsidios de manera directa a la población vulnerable, entre otras, que evidentemente resultan insuficientes para atender a toda la población afectada y para encontrar soluciones estructurales de mediano y largo plazo.

Resulta que los problemas sociales importantes que no se atendieron adecuadamente durante décadas junto a las debilidades institucionales de las instituciones públicas, se desnudan y adquieren carácter de urgencia. En este caso, trascienden la identidad política de los gobernantes de turno, la electoralización de los discursos y los hechos, e incluso están más allá de la voluntad política de quienes tienen a su cargo tomar decisiones o ejercer liderazgo político para aunar esfuerzos. 

Todo eso es necesario pero insuficiente debido a las grandes limitaciones reales del Estado y de las entidades encargadas. Se trata de un problema de alcance global, por tanto las respuestas traspasan las fronteras para situarse en un nivel planetario o, si se quiere, atingen a la humanidad como totalidad, por tanto las salidas no podrán circunscribirse a cada Estado y sus circunstancias. 

 En esa línea, hace unos días se concibió la idea de interpelar a los países solventes articulados en el G20 para solicitar la condonación de la deuda a los países más pobres del mundo y la suspensión inmediata de los pagos para que estos puedan, en mejores condiciones, combatir este mal que ataca a toda la humanidad. Un problema de esta magnitud exige una respuesta que solidarice y recupere la confianza y el sentido de la convivencia humana, que podría práctica y claramente reflejarse en medidas como esta que restablezcan la noción de “un bien común global”.


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