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De un tiempo a esta parte, el sector empresarial privado boliviano está invisibilizado o relegado del escenario público y político. Los representantes del empresariado organizado suelen aparecer episódicamente para pronunciarse en defensa de sus intereses frente a situaciones críticas o en rechazo a medidas gubernamentales que afectan sustancialmente su actividad económica, e incluso ponen en juego su sobrevivencia. En el pasado, eran habituales sus pronunciamientos sobre problemas sociales o políticos; en cambio, hoy se encuentran agazapados en un papel secundario.

Los empresarios no solo perciben que el Gobierno no les ha dado el suficiente apoyo y condiciones para mantener sus emprendimientos, sino que ha establecido obstáculos burocráticos y económicos para la creación o fomento de nuevas iniciativas privadas. Sin embargo, lo más grave es que varias medidas gubernamentales, en los últimos años, han ido dando estocadas al sector privado, desangrándolo progresivamente. El proceso de crisis se precipitó con la medida del doble aguinaldo, que afectó sobre todo a la microempresa. En 2013, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia informó que el 50% de las 660.000 empresas legalmente constituidas estaban en riesgo de cerrar sus operaciones y percibían que el Gobierno les había dado la espalda. A fines de 2014, se reportaba el cierre de alrededor de 58.000 empresas registradas en Fundempresa, al año siguiente, solo en 2015, cerraron sus puertas más de 15.000 empresas, y así sucesivamente.

El doble aguinaldo está hoy de nuevo en discusión y pretende restituirse debido a que le otorga importante popularidad al Gobierno pero que, como dijimos, ha provocado la reducción de trabajadores en las empresas y el cierre de varias de ellas. Otras disposiciones amenazantes fueron los incrementos salariales que, según declaraciones de los propios empresarios, se deciden sin un estudio serio de las capacidades del sector privado y prescindiendo de los intereses de los empleadores. El cherry de la torta fue la promulgación de la Ley de Empresas Sociales, que se ofreció como regalo en el día del trabajador, y que pone al sector empresarial privado en una situación de mayor vulnerabilidad. Todas estas medidas, probablemente más que un ataque directo de parte del Gobierno a los empresarios para disminuirlos, son producto de una invisibilización de sus intereses eclipsados por intereses políticos de corte populista, como la mencionada ley, que, por su contenido, tampoco ha resultado atractiva para los trabajadores.

Lo cierto es que estas disposiciones fueron afectando silenciosamente al empresariado, en particular al sector productivo y a la microempresa, y han puesto en evidencia la gran heterogeneidad del ámbito empresarial privado. Pues, por ejemplo, la agroindustria del oriente goza de mayores privilegios y negocia de manera más amigable –o pragmática– con el Gobierno sus intereses referidos a la tierra, seguridad jurídica y condiciones para la exportación, e incluso consigue proyectos nuevos como el del etanol; mientras que otros sectores sienten amenazada su sobrevivencia, como la microempresa productiva, que además está amenazada por la presencia de otro fantasma que es el empresariado informal, que les genera una desigual competencia en el mercado. Es evidente que la crisis del sector empresarial privado responde a varios factores relacionados con la competitividad, las escasas condiciones tecnológicas para la producción, las desventajas en el mercado, entre otras; pero también es cierto que se debate en medio de un modelo económico y político ambiguo y un Estado que, lejos de favorecerlos, parece haberlos relegado deliberadamente.

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