22 de junio de 2024, 4:00 AM
22 de junio de 2024, 4:00 AM



Los casos de abusos sexuales a niños y niñas que se han cometido dentro de la Iglesia católica constituyen una herida abierta en la sociedad boliviana, que debe atenderse con la mayor rigurosidad establecida en el Código Penal Boliviano.

Los casos estallaron hace más de un año y la crudeza de los mismos ha hecho que se inicie investigaciones y se reabra procesos porque este tipo de conductas no puede volver a quedar en la impunidad. Ya son terribles los relatos que los propios abusadores escribieron en sus diarios, pero lo es también la actitud negligente y encubridora que hubo en ciertos niveles de las órdenes religiosas.

Dos sacerdotes de la Compañía de Jesús describieron con espantoso detalle cómo cometían abusos contra niños y niñas en diarios que fueron conocidos públicamente. Aparte de ellos, hay otros casos que estallaron cuando las víctimas (ahora convertidas en personas adultas) se atrevieron a romper el silencio y hablar de su calvario. 

La Fiscalía boliviana tomó los casos y lleva adelante los procesos. Mientras que la orden de los Jesuitas en Bolivia ha establecido un protocolo pare prevenir que estos hechos ocurran otra vez, además de plegarse a los procesos y manifestar la voluntad de brindar apoyo sicológico a quienes padecieron estas situaciones.

No obstante, también se ha sabido de situaciones de encubrimiento. Uno de los sacerdotes, Alfonso ‘Pica’ Pedrajas, habló de estos temas con otros miembros de su congregación y, en el caso de Lucho Roma se abrió una investigación interna en la Compañía de Jesús, pero el caso quedó archivado y nadie dijo nada cuando la Fiscalía decidió cerrarlo por falta de testimonio, pese a que había un diario con la confesión de los delitos.

En un comunicado, la Compañía de Jesús admitió que las acciones en la investigación de las denuncias fueron “indolentes, negligentes y nefastas”, además de que no se priorizó a las víctimas. Por eso, piden que se reabran las investigaciones y están dispuestos a colaborar en cada caso.

Sin duda, es lo menos que puede esperar la sociedad por cada niño, cada niña y cada joven abusado. Una agresión sexual deja marcas para siempre y destruye la vida de esas personas que fueron inocentes cuando estos depravados cometieron sus actos. Es así que la justicia debe actuar con transparencia, con prontitud y con todo el rigor de la ley. En la Iglesia no puede haber más encubrimiento.

Pero además urge que en todas las órdenes eclesiásticas que trabajan en Bolivia haya certeza de que no se comete ni se cometerá un solo abuso sexual más, ya que pedir perdón no compensa el dolor causado.