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Los iguales y los desiguales en un país delincuente

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Se hacen llamar Pacto de Unidad, se distinguen a sí mismos como interculturales (todos somos interculturales, pero eso no lo entienden, porque se adueñan de los términos y creen que son el génesis de los mismos). Instruyen a sus bases en Santa Cruz a que reaccionen y “que no se hagan engañar con los golpistas”, porque a decir de ellos, la Gobernación de Santa Cruz, no tiene qué hacer en el tema tierras, que según la CPE “no les compete” y que ese es un asunto del Estado. Dicen, además, que Santa Cruz es Bolivia y Bolivia es los 9 departamentos.

Pero no es sólo eso, también que dicen que la tierra es de los bolivianos, “no de los croatas” y los extranjeros; los bolivianos/cruceños de origen croata deben ser el 1% de las nacionalidades que engrosan la “interculturalidad cruceña” y aun así tienen nacionalidad boliviana por nacimiento, igual que ellos los que se creen dueños de un territorio preexistente a la República.

Dicen que ellos van a “recuperar el territorio y uno se pregunta de qué territorio hablan, si esto nunca fue del incario o el Tahuantinsuyo o el Collasuyo .

Pongamos las cosas en claro: Bolivia es un país, pero ese país es la República creada el 1825. Este país tiene una CPE, a la que el señor acude sin entender que ese libro del que él habla no tiene varias versiones y que es el mismo para todos y que ahí está escrito (CPE) que todos los que nacimos acá somos bolivianos y que hay una preexistencia de culturas, concretamente “dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesino” (en realidad los campesinos no son pre existentes a la República porque es una categoría social, no anterior a la llegada de los españoles, pero a los que escribieron ese librito tan plagado de errores y contradicciones nunca se los pudo hacer entender sobre eso) y en ese libro se lee que: “se garantiza su libre determinación y dominio ancestral sobre sus territorios”, de manera que, si la CPE vale y sirve, los “llamados interculturales” de occidente que ignoran a las culturas a las que no conocen (aunque no por ello no existen) entendieran de lo que se trata, actuarían de otra manera y respetarían la Comisión Agraria Departamental, el Plan de Uso de Suelo, a las Naciones preexistentes y no estuvieran avasallándolas.

Pero, convengamos que ellos son aleccionados a repetir un discurso que les conviene porque en realidad el Estado, la República misma, ha sostenido una estrategia destinada a reducir las potencialidades del Oriente por razones geopolíticas que ahora tienen que ver con el dominio del territorio para acrecentar su poder y, antes de Morales y su manipulado invento plurinacional.

Convengamos que no hay país en el mundo que no sea plurinacional, porque el globo terráqueo recibe y transmite influencias culturales de los que llegan y se quedan, de los que van y vuelven y, de lo que se recibe a través de la información, formación e incluso deformación de saberes y otros, que llegan, “hasta por internet”.

Antes de Morales, digamos desde el 1996, cuando los detentadores del poder entendieron las potencialidades del agro y sus relaciones e influencias económicas, su intento estaba fijado en reducir a la mínima expresión la mediana propiedad y empresa agrícola agropecuaria, eso tenía que ver con el manejo de la economía y la política; era el centralismo que veía para dónde iba la cosa, digamos que fue geopolítica pura. Lo primero que hicieron, fue aprobar la Ley INRA de la que ya hablaremos.

Del 2006 en adelante (¿te acordás lo que pasó?) aparecieron los que determinaron que las tierras fiscales, esas que son del Estado y que debían ser dotadas a quien las pida y acredite que puede trabajarlas, solo pueden destinarse de manera exclusiva a comunidades indígenas, originarias y campesinas; es decir, el artículo de la CPE que dice que todos los bolivianos tienen el mismo derecho por la sola condición de serlo dejó de tener valor, dado que se rompió el principio de igualdad de derechos y oportunidades entre bolivianos.

Pero no termina ahí, más bien comienza de nuevo, determinaron hacer un saneamiento general (el INRA convirtió al Oriente en su botín) y los dueños legales anteriores, fueron declarados poseedores, y los obligaron a pagar por lo que era de ellos. Llegado el MAS al gobierno cambiaron la ley y el reglamento agrario y a todos los trámites les encontraron “vicios de nulidad” y que ahora les corresponde desalojarlas porque “están en un área protegida o en una reserva forestal”, pero... el Estado que les cobró por la tierra no devuelve el dinero ni le da curso a la recompra de su propia tierra.

La Superintendencia Agraria que fijó el precio, el propietario pagó al INRA incluido el saneamiento a los anteriores poseedores (si los hubo) que se adjudicaron esa tierra pero el Estado los estafó... lo que demuestra que vivimos en un Estado estafador, es decir, un estado delincuente.

Mientras, el INRA se da gusto de hacer política repartiendo esas tierras pagadas por particulares a “los interculturales, a comunidades trasladadas y... acrecienta la territorialidad de su poder .

¡Así estamos, país !.

Carlos F. Valverde Bravo es Periodista


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