Los verdaderos culpables del desastre electoral de 2020

La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Rosario Baptista afirmó que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) montó un “Estado delictivo” para “desmontar la democracia” y aseveró que el país debe “retomar el sistema democrático”. Baptista, en una entrevista en el programa Realidades, en Colombia, citado por EL DEBER, acusó al MAS de cooptar la administración de justicia, la Fiscalía y la Policía. “Realmente no hay otra salida, sino retomar la democracia. Cuando uno ve lo que está sucediendo realmente creo que no es nada más que un Estado delictivo, tomar el poder para desmoronar la democracia, coartar el sistema de administración de justicia, hay que dar marcha atrás para retomar el sistema democrático”, dijo la exvocal.

De acuerdo a la exvocal Rosario Baptista del Tribunal Supremo Electoral, este organismo liderado por el expresidente del TSE Salvador Romero, durante su mandato para organizar las nuevas elecciones de 2020, debió anular la personería jurídica del MAS: “Mediante una extensa carta pública, denuncia que el Órgano Electoral decidió no procesar dos causales que podrían haber determinado la cancelación de la personería jurídica del MAS, además, reitera la duda sobre el padrón electoral, la habilitación ilegal de Evo Morales como candidato, el maltrato a mujeres en cargos electivos, designación de personal sin convocatoria pública, la falta de acceso a la información electoral, el diseño de asignación porcentual por organizaciones políticas, pero en beneficio de un partido, entre otros” (declaraciones en diversos medios de comunicación el 23/11/2021).

Por otro lado, la exvocal también apuntó a la oposición política. Dijo que la oposición está sumida en una “debilidad extrema absolutamente funcional”. Sobre el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, dijo que “nunca en mi vida había visto un candidato que no quiera ganar una elección como Carlos Mesa, estaba muy contento, entusiasmado de perder esa elección”.
De acuerdo al informe de la OEA sobre las elecciones en los comicios del 20 de octubre de 2019, en Bolivia se cometió un fraude electoral (BBC de Londres 5/12/2019) que alteró “la voluntad expresada en las urnas” donde Evo Morales fue proclamado vencedor de las elecciones por un margen del 10,57% de votos sobre su rival, Carlos Mesa, con solo un 0,57% de diferencia para evitar una segunda vuelta entre ambos. Esta denuncia también fue avalada por la Unión Europea (Resolución del Parlamento Europeo 2019/2896(RSP) de fecha 27 de noviembre de 2019).

La “Ley del Órgano Electoral Plurinacional”, Ley N.º 108, establece que el Órgano Electoral Plurinacional es un órgano del poder público del Estado Plurinacional y tiene igual jerarquía constitucional a la de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Órgano Electoral Plurinacional tiene autonomía funcional respecto a otros órganos del Estado. No recibe instrucciones de otro órgano del poder público ni presiones de ningún poder fáctico.

La cancelación de la personería jurídica del MAS, por el fraude acontecido en los comicios del 20 de octubre de 2019, era una obligación y atribución exclusiva del TSE de acuerdo a la Ley N.º 108, basado en el artículo 2; art. 4 inciso 10; art. 6 inciso 6; art. 26 incisos 5,7 y 8; y art. 29 inciso 1. Los cuales le dan plenas facultades para que el Órgano Electoral juzgue en materia los actos de corrupción del Gobierno del MAS en aquella contienda electoral y tenga el pleno derecho de cancelar la personería jurídica del MAS sin que ninguno de los otros poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tuvieran derecho a interferir dicha decisión.

Si Salvador Romero y sus cómplices hubieran actuado de acuerdo al estricto cumplimiento de la ley, el MAS hubiera perdido su personería jurídica, lo cual los hubiera obligado a reinventarse en otras siglas políticas, pero al igual que el triste espectáculo ofrecido por los partidos de oposición de la derecha, ellos también se hubieran igualmente atomizado y presentado en varios frentes de la izquierda radical, pues todos conocemos de las grandes diferencias y divisiones que existen al interior del MAS. Con lo cual y de acuerdo a los resultados electorales de 2020, muy probablemente Luis Arce Catacora no hubiera salido presidente, así de simple.

El Gobierno de Jeanine Áñez, que en vez de ser un gobierno estrictamente transitorio encargado principalmente del nuevo proceso electoral completamente confiable y que garantice la voluntad popular, fue el responsable de poner a Romero en dicho cargo y se despreocupó por completo de hacer un seguimiento estricto al padrón electoral. Más bien trajo una enorme decepción e incertidumbre al haberse declarado candidata a las elecciones y haberse rodeado de ministros corruptos que con sus escándalos delictivos traicionaron la lucha en las calles por el 21F y devolver al país la verdadera democracia que tanto reclamaba.

Por último los partidos de oposición, pero principalmente sus más connotados líderes, como Carlos Mesa, quien nunca quiso ser presidente y por ello no le interesaba ninguna alianza con los otros partidos de oposición; Áñez, que, como se mencionó antes, traicionó la confianza popular; y, por último, Luis Fernando Camacho, que solo tuvo una visión puramente regional y a través de sus deshonrosas grabaciones a su compañero de fórmula y sus negativas a realizar alianzas para enfrentar al vendaval que se nos venía, también traicionó a todo el pueblo que lo veía como el líder de la caída y huida de Evo Morales y sus secuaces.

Este hecho nos llama nuevamente la atención a la ciudadanía en su conjunto, de cuán débil es la estructura democrática en Bolivia basada en la democracia representativa, donde la CPE, a través de la democracia representativa, les permite a los políticos y sus gobiernos de turno controlar no solo todo el aparato administrativo de carácter público del Estado, sino también los otros poderes del Estado, como ser el Legislativo, el Electoral y el Judicial; con lo cual llegan a concentrar un enorme poder, ya que terminan controlando la justicia, la Policía y por último las Fuerzas Armadas. La consecuencia de todo esto es: la corrupción, el abuso del poder, la prepotencia, la persecución política y, finalmente, el sometimiento de la sociedad civil en su conjunto a sus más nefastos caprichos y exigencias.