15 de abril de 2022, 4:00 AM
15 de abril de 2022, 4:00 AM

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó una radiografía del narcotráfico ante la comisión de Gobierno, Policía y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados. La autoridad expuso una realidad preocupante para el país, no solo por la creciente actividad de las mafias organizadas, sino también porque dio a conocer la precariedad con la que se lucha contra el narcotráfico.

De un tiempo a esta parte, las áreas protegidas, los parques nacionales son invadidos por los narcotraficantes para sembrar coca ilegal y también para instalar fábricas de refinación de pasta base y convertirla en clorhidrato de cocaína; es decir, el ciclo de la fabricación de droga se cumple en el país y los grupos organizados aprovechan la indefensión de estos lugares para operar sin control.

En el país hay casi 183.000 kilómetros cuadrados de parques, pero cada año hay menos guardaparques; bajaron de 400 en 2012 a 295 en 2022. Cada uno de ellos tiene que vigilar una superficie que duplica el área de Santa Cruz de la Sierra, y hacerlo sin vehículos, sin condiciones para enfrentarse a mafias que tienen drones, hombres armados y alta tecnología. Entonces, no tendría que sorprender semejante avance de los traficantes.

Del Castillo también dijo que las fábricas encontradas en el parque Noel Kempff Mercado tenían una distribución que hace presumir que son operadas por extranjeros. Ya se ha mencionado que el Primer Comando de la Capital pelea territorio con el Comando Vermelho en el oriente boliviano. Se conoció de la presencia de narcotraficantes colombianos y mexicanos haciendo negocios y viviendo en Bolivia.

También se informó, sin que lo niegue el Gobierno, que hay policías antidroga que están coludidos con el tráfico de drogas y que altos jefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico terminaron presos por proteger las actividades ilícitas. Hay que recordar que en 2019 hubo dos operativos en un aeródromo cercano a Cotoca. En el primer caso, el exjefe nacional antidrogas del Gobierno de Evo Morales, Maximiliano Dávila, ordenó liberar a los detenidos y elaborar otro informe; en el segundo caso, también se dejó en libertad a los aprehendidos y se devolvió las avionetas incautadas. Después de esas evidencias, solo el fiscal de La Paz pretende creer que el excomandante Dávila no tiene nexos con el narcotráfico.

Lo que queda claro es que el narcotráfico tiene una fuerte presencia en el país y que sus negocios van en ascenso. Todos los esfuerzos por combatirlo son importantes en esta etapa, antes de que en Bolivia se reedite lo que vive ahora México y antes Colombia. Por eso, resulta absurdo ver a Evo Morales, líder de los cocaleros, denunciar al Gobierno cuando él no pudo o no quiso actuar de manera drástica y tuvo a varios jefes antidroga coludidos con el narcotráfico.

Hay que entender que éste es un momento crucial para frenar el avance del narcotráfico y acabar también con los territorios sin Estado, como es el Chapare y algunas otras zonas, donde la Policía no tiene presencia real. Es preciso evitar que la mafia organizada siga corrompiendo a autoridades, así como urge impedir que la violencia se apodere de los pueblos y las ciudades de Bolivia.

Así también urge que la lucha sea de verdad, que se amplíe la vigilancia en los parques, que se equipe a la Felcn para enfrentar la tecnología de las mafias y que Bolivia sea un territorio con Estado en toda su extensión.

La responsabilidad del presidente Luis Arce es mayúscula y es de esperar que no ceda a presiones sectoriales, como la de los cocaleros, y que avance en una lucha real y efectiva contra el narcotráfico en Bolivia.

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