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Entre 150 y 200 expedientes de procesos disciplinarios contra jueces y personal de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial desaparecieron del Consejo de la Magistratura en Sucre. La documentación sencillamente desapareció, como por arte de magia.

Son documentos de procesos de las gestiones 2018, 2019, 2020 y 2021 y que debían ser resueltos en un plazo de cinco días a un máximo de un mes contando desde el 12 de septiembre reciente, fecha en que los expedientes no estaban más en su lugar y quién sabe si a estas alturas son cenizas que se llevó el viento de la primavera entrante.

Los papeles que desaparecieron son los procesos disciplinarios por faltas cometidas por jueces y funcionarios de jurisdicción de todos los distritos del país, que estaban allí, todos juntos, porque llegaron a la instancia de apelación en la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura.

La consejera Mirtha Meneses explicaba que esos expedientes habían ingresado al Consejo de la Magistratura con recursos jerárquicos, pero no salieron las resoluciones, por lo que se entiende que estaban a cargo de los exconsejeros Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, que fueron cesados.

Ambos consejeros fueron destituidos por orden de la Sala Constitucional Segunda de La Paz el 28 de julio reciente, al confirmar la resolución constitucional 150/2021 que los cesaba por haber incurrido en incompatibilidad: se verificó caso de nepotismo porque el esposo de Dolka Gómez es juez de Trabajo en Santa Cruz y el hermano de Gonzalo Alcón es juez del Distrito Judicial en La Paz. Pese a esos vínculos familiares directos, los cuatro funcionarios estuvieron trabajando con absoluta normalidad durante más de tres años.

Antes de ser elegido como consejero del Consejo de la Magistratura, Alcón era comandante de la Armada Boliviana en 2013, y era conocido por su estrecha relación con el entonces presidente Evo Morales.

La inusual desaparición de la documentación fue descubierta cuando los nuevos funcionarios que reemplazaron a Gómez y Alcón solicitaron información referida a los expedientes en trámite, y al no recibir ninguna respuesta ordenaron una intervención con presencia de un notario público para verificar la existencia de aquellos expedientes. Como resultado de la acción, se encontraron con que no estaban físicamente a disposición, en una palabra, desaparecieron.

El grosero misterio de los expedientes de paradero desconocido lo que consigue es paralizar, y quizá dejar sin efecto, procesos disciplinarios contra jueces y funcionarios denunciados por diversos delitos en el ejercicio de la función pública de administrar justicia. De manera que no es poca cosa lo que ha ocurrido en el Consejo de la Magistratura. En paralelo, esa desaparición conlleva también la comisión de otros delitos por incumplimiento de deberes, ya que existían plazos legales para resolver esas causas.

El escándalo es parte de la crisis de la justicia boliviana que no acaba de tocar fondo, porque cuando se cree que ya nada más podría ocurrir después de inverosímiles acciones judiciales donde prevalece el servilismo al poder político, pasa algo como este suceso que parece producto de la ficción.

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