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Marcharon diez veces y se los sigue postergando

Editorial El Deber 17/10/2019 03:00

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ás de 420 kilómetros recorridos. 30 días de caminata. Los indígenas del departamento llegaron a Santa Cruz en su décima marcha. Lo hicieron silenciosamente, con la humildad que los caracteriza y que ha sido un sello histórico de sus demandas. 

Lo hicieron porque sus tierras se quemaron y porque se sienten ignorados cuando demandan espacios territoriales para vivir. Las ampollas en los pies, el frío y el hambre que soportaron representan el clamor por ser atendidos.

La primera marcha indígena de tierras bajas se realizó en 1990. Se denominó Marcha por el Territorio y la Dignidad. Pasaron 29 años desde entonces y ellos siguen postergados. Los gobiernos de turno los ven, los escuchan y apenas lanzan algunas medidas para decir que los atienden. Tras la Asamblea Constituyente se los incorporó en la Carta Magna, reconociéndoles sus nacionalidades, su justicia, se crearon curules para que tengan representación directa en la Asamblea Legislativa; sin embargo, tuvieron que volver a movilizarse, porque aún no tienen ejercicio pleno de sus derechos, porque los reprimieron en 2011 cuando pedían preservar el Tipnis y que no se lo parta con una carretera; y los dividieron en 2012 cuando insistían con la misma demanda. Es así que su realidad quedó parecida a la de siempre.

En esta ocasión, el disparador de la marcha fue el incendio de los bosques, de su casa. Los gobernantes no los escucharon cuando pedían que se declare desastre nacional; tampoco cuando clamaban por la abrogación de las normas que permiten los chaqueos y la ampliación de la frontera agrícola. Ellos exigen que se cumpla el derecho que tienen a que se les dote de tierras para producir, porque son originarios del territorio que reclaman y porque vieron que el INRA ha privilegiado a comunidades recién conformadas y llegadas de otros puntos del país.

En esta ocasión sus demandas no son solo para el Gobierno nacional, también lo son para la Gobernación de Santa Cruz: que haya una distribución de recursos económicos departamentales con mayor equidad para los pueblos indígenas; que la electrificación rural llegue a todo el departamento y que se convoque de inmediato a la Comisión Agraria Departamental.

 Desde la Gobernación se dijo que la principal autoridad del departamento los recibirá, quizás hoy o quizás mañana, y ellos esperarán. Del Gobierno nacional nadie se acercó a dialogar con ellos, directamente fueron ignorados porque desde 2012 hay otra organización indígena paralela, que es afín al oficialismo y que figura como la única capaz de representar a los pueblos originarios del oriente.

En la suma de pedidos de esta décima marcha indígena se puede ver que se trata de un sector verdaderamente pospuesto en el país. Que el Gobierno nacional no los trata de la misma forma como a los quechuas, aimaras y, menos aún, a los campesinos llamados interculturales. Lo triste es constatar que, de 1990 a 2019, no hay cambios sustanciales para este sector de la población.

Llegó la décima marcha indígena y los que salieron a dar la bienvenida fueron ciudadanos, plataformas y el vicepresidente cívico, porque el presidente tenía otro compromiso, en otro departamento.

Ya es tiempo de que los pueblos indígenas del oriente salgan de la retórica de los discursos circunstanciales y que exista el verdadero compromiso de reconocerles sus derechos, que ahora están más en el papel de las leyes que en la realidad. Ojalá que esta décima marcha sea la última que ellos protagonizan para ser atendidos, que la décima sea la celebración de haberlo logrado.