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Con bombos, platillos, banda, orquesta y cohetillos el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció el 5 de diciembre del año pasado que en el mes de marzo de 2022 se celebraría una cumbre para cambiar la justicia boliviana, hundida en la peor crisis de toda la historia del país por su falta de independencia, su sometimiento al poder político, la corrupción y varios otros males.

El mes de marzo concluye hoy y no solo no se ha celebrado la tal cumbre por la justicia, sino que tampoco se advierten avances en ninguno de los seis ejes que había planteado Lima en septiembre del año pasado, cuando decía que se debía discutir una redistribución de jueces, acceso en igualdad de condiciones, independencia, transformación digital del modelo de gestión, modificación de varias normas y profundizar la ética y transparencia en la administración pública.

El plan era trabajar en encuentros y la búsqueda de un acuerdo político que permita tener “una justicia que implemente los mandatos democráticos de nuestra Constitución”, en palabras textuales del ministro. Nada de eso ocurrió: ni encuentros ni mucho menos acuerdos políticos y la justicia está no en el mismo punto crítico de siempre, sino en peores condiciones que nunca porque si hay un momento político en el que se advierte que fiscales y jueces han perdido todo sentido de independencia para responder a pie juntillas a las estrategias del Gobierno central, es este.

Paradójicamente eso ocurre bajo el mandato del mismo ministro que cuando ingresó al gabinete se propuso llevar adelante una radical reforma de la justicia. En aquellos días de inicio de su gestión se decía que Lima había llegado “con patada voladora” para transformar la nauseabunda justicia boliviana, y más tarde incluso conformó un consejo de juristas notables para acompañar ese destacable propósito.

Pero algo pasó en el camino, probablemente lo desautorizaron “desde arriba”, y el audaz ministro bienintencionado que irradiaba esperanza se transformó en la pieza central del sistema que instrumentaliza la justicia en beneficio del poder político, el operador principal de eso que se critica de las instituciones de la justicia, y no prosperó ni su intención, ni el consejo de notables y ahora tampoco la anunciada cumbre de marzo.

De nada sirvieron los diagnósticos de varios organismos y misiones internacionales que llegaron al país a certificar y a proponer lo que ya todos sabemos, aunque dicho por ellos adquiere un tono algo diplomático: Bolivia necesita una urgente reforma del sistema de justicia para garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional. Eso y mucho más.

En cierto modo lo que ocurre en el lodazal que llamamos justicia tiene sentido: el Gobierno necesita concluir con éxito su estrategia política para asentar en fallos judiciales su teoría del golpe de Estado, como llama al fraude y la renuncia de Evo Morales en octubre y noviembre de 2019, condenar a la cárcel a la expresidenta que asumió una gestión de transición y a otros protagonistas de aquellos acontecimientos, como jefes militares y policiales, para dejar un precedente en el país, de modo que nadie más se atreva a ocupar el poder que ellos quieren retener para toda la vida, como reiteró esta semana el propio Evo Morales.

Para consolidar ese objetivo necesitan la justicia servil de estos días. Sería contraproducente para esos objetivos intentar “limpiar” y transformar el sistema judicial. El poder lo necesita así, servil, dócil, corrupto y manipulable.

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