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La Unión Europea, a la que el Gobierno de Luis Arce tiene hostigada y acusada irrisoriamente de “golpista”, ha anunciado una donación de 60 millones de dólares, adicional a su cooperación regular, para apoyar las políticas del Estado en la lucha contra las drogas y el desarrollo integral en las regiones productoras de coca en los próximos años.

Se trata de un nuevo compromiso del bloque político y económico más importante del mundo para enfrentar el narcotráfico en Bolivia que, sin embargo, está implícitamente condicionado a que el Gobierno boliviano cumpla con su obligación de disminuir la superficie cultivada de coca en el país a las 22.000 hectáreas que establece la ley. Actualmente existe una cantidad superior a las 32.000 hectáreas, según datos de 2020 del Comando Estratégico Operacional, que es la institución combinada de la Policía y las Fuerzas Armadas responsable de las tareas de reducción. Es decir, hay más del 45 por ciento de cultivos excedentarios que oficialmente se van al narcotráfico, aunque hay estudios que aseguran que también de las 22.000 hectáreas permitidas una buena parte se utiliza en la fabricación de cocaína.

Franklin Alcaraz, reconocido especialista de seguridad y prevención de drogodependencias, dijo en EL DEBER Radio que el país requiere no más de 6.000 hectáreas para el consumo tradicional, principalmente el acullico, práctica que además ha disminuido en las nuevas generaciones, según el experto.

En 1949, el 33 por ciento de la población consumía coca; a finales de los años 1970 se determinó que el 18 por ciento de la población consumía la hoja; a principios del milenio actual se reportó que el 14 por ciento de la población consumía habitualmente coca y cuando el MAS llegó al poder en 2006, se requerían 8.000 hectáreas para ese fin; actualmente se requieren solo 6.000 hectáreas, asegura Alcaraz.

La norma boliviana actual permite la existencia de 22.000 hectáreas de coca, de las cuales 14.300 están en la región de los Yungas paceños y 7.700 hectáreas en el trópico de Cochabamba (Chapare y otras provincias).

Los inicios de las plantaciones de la región de Chapare datan de los años 1980, y en los últimos años los sembradíos se extendieron a parques nacionales e incluso también el norte amazónico, donde la ley no permite esos cultivos.

Por eso es importante el apoyo y la apuesta de la Unión Europea con Bolivia; naturalmente, como toda cooperación, espera que los recursos contribuyan efectivamente a reducir los cultivos de coca, que es el objetivo. No otra cosa significan las palabras del encargado de Negocios de la UE, Joerg Schreiber, cuando afirma “estamos a la espera de que el Gobierno logre disminuir el área de cultivo de hoja de coca a la cantidad establecida por ley, es decir 22.000 hectáreas”.

El compromiso europeo con Bolivia es notable si se consideran los recientes ataques que formularon autoridades del Ejecutivo y legisladores del Movimiento al Socialismo a las resoluciones del Parlamento Europeo, que censuró los atropellos del Gobierno de La Paz contra la expresidenta Jeanine Áñez, así como al exigir su pronta liberación. Este millonario respaldo debiera servir para que las autoridades nacionales revisen su animadversión contra un bloque poderoso del que Bolivia necesita y necesitará por mucho tiempo aún.



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