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Como un rebrote del virus de la corrupción, el expresidente de Cotas Iván Uribe ha denunciado públicamente que fue víctima de una extorsión y, al mismo tiempo, admitió el pago de $us 40.000 a los intermediarios de dos exfiscales del Distrito.

Lo hizo efectivo para que él fuera beneficiado con la absolución del juicio en su contra por una millonaria estafa cometida contra la telefónica cruceña y descubierta por una auditoría en el mes de febrero de 2019, y se desconocen inexplicablemente los resultados de un segundo auditaje ‘más completo’. Llamativamente, la estafa fue denunciada tiempo después ante el Ministerio Público. Los entonces ejecutivos de la cooperativa dijeron que así trataron de recuperar los dineros, como si el monto sustraído fuera una pequeñez. Ese y otros detalles enredaron el luctuoso hecho en vez de agilizar su total esclarecimiento.

Uribe se refirió a la extorsión en el programa televisivo Detrás de la verdad e incluso exhibió documentos para sustentar su denuncia que dijo haber lanzado “agobiado y desesperado” porque el caso llegue a su fin y él quede liberado de toda culpa y responsabilidad. Sin embargo, llevado por su desesperación, el exejecutivo de la cooperativa puede haber incurrido en el delito de cohecho, tipificado por la entrega de una retribución a funcionarios públicos para que realicen un acto contrario a las normas y a los deberes que deben cumplir. A través del ministro de Justicia, Iván Lima, el Gobierno ha mostrado interés en investigar la supuesta extorsión sufrida por Uribe.

El escandaloso caso tuvo sus orígenes en el plan ‘Cotas en cuotas’, un programa para entregar equipos electrónicos a los socios de la cooperativa, quienes debían abonar el costo de su adquisición en pagos a plazo. El oportunismo de funcionarios inescrupulosos de Cotas desvirtuó la esencia de dicho plan. Ellos se encargaron de realizar pedidos ficticios para quedarse con los aparatos ofrecidos y luego venderlos en el mercado negro. La estafa fue gigantesca: Llegó a más de 7,7 millones de dólares y provocó un enorme bache económico a la telefónica y afectó los servicios que presta, además de causar un grave daño a la imagen de una emblemática institución considerada ‘patrimonio de los cruceños’. Se ha calculado que recuperar los recursos robados demorará mínimamente hasta dos años.

Se ha informado extraoficialmente que la etapa investigativa del hecho ha llegado a su término, que fue presentada la acusación formal y se aguardan fechas para el juicio oral contra los involucrados cuyos bienes, además, han sido anotados preventivamente. Inicialmente, el proceso fue demorado por el Ministerio Público. Incluso se dieron a la fuga algunos funcionarios presuntamente implicados mientras que otros inocentes fueron sometidos a un vía crucis judicial y hasta privados de su libertad.

La denuncia de Uribe que involucra a dos exautoridades del Poder Judicial en Santa Cruz vuelve a concitar el interés público en torno al escabroso asunto que hizo mella en la economía y en el prestigio institucional de una de las principales cooperativas de servicio de la región. El proceso instaurado debe avanzar sin más demora hasta su conclusión, no solo para identificar y sancionar a sus responsables, sino para recuperar cuanto se pueda de lo estafado. Es lo que esperan los más de 100.000 socios de Cotas en medio de una crisis de confianza que será muy difícil de superar.

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