¡Más obras para Santa Cruz con una justa asignación de la inversión pública!
Según proyección del INE, en el año 2022, el departamento de Santa Cruz concentró a la mayor parte de la población boliviana (28,5%), fue el que más aportó al PIB nacional (31,5%) y también quien más aportó a los ingresos tributarios (42%), a la recaudación aduanera (40%), a las exportaciones totales (30%) y a las importaciones totales (41%). Además, el departamento lidera con distancia la producción de alimentos (70%), concentra el crédito productivo (47%) y de vivienda social (40%) e incluso recibe la mayor cantidad de remesas que llegan del exterior del país (47%), entre otros indicadores económicos importantes.
Santa Cruz es lugar donde radica el colectivo más diverso de bolivianos, en el que oriundos y migrantes de todas las latitudes eligieron esta maravillosa tierra como el lugar ideal para realizar sus sueños. Con esas notas por delante, es evidente que es la región promotora del desarrollo nacional y su población es merecedora de los “recursos necesarios” para infraestructura vial y productiva, saneamiento de sus necesidades básicas y todos los beneficios que conlleva la inversión pública, misma que financiamos los bolivianos con nuestros impuestos presentes o futuros.
El Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo del Gobierno Nacional parte de la premisa que la inversión pública es su herramienta estrella y el principal motor del crecimiento, pues posee un efecto multiplicador complementario al de la inversión privada en los diferentes sectores de la economía, favoreciendo la generación de empleo, la demanda de insumos y servicios, la productividad, competitividad y eficiencia de los procesos productivos.
A pesar de ello, cuando se trata de obras financiadas con “inversión pública”, resulta que, a Santa Cruz, en 2020, solo se le asignó el 18% del total de la inversión pública ejecutada, por debajo de Cochabamba y La Paz, departamentos del eje central. Así las cosas, la asignación de inversión pública no guarda relación con el esfuerzo de la región cruceña.
Por el lado de la inversión pública per cápita, también confirmaremos los extremos anteriores, pues resulta que en promedio un cruceño recibe menos que el resto de bolivianos procedentes de otros departamentos, así por ejemplo en 2020, mientras por cada cruceño se asignó Bs 617 para inversión pública, en cambio por cada paceño se asignó un 33% más, para un cochabambino 63% más y así se incrementa hasta llegar a la mayor asignación, que representa un 170% más que lo que recibió un cruceño.
Si, por el contrario, analizamos la asignación de la inversión pública desde el punto de vista de lo que representa respecto a la producción de cada departamento; es decir si la relacionamos con el PIB departamental, nuevamente veremos que se castiga a Santa Cruz con una asignación insuficiente. En este caso, nuevamente Santa Cruz es el colero respecto al resto de departamentos y la inversión pública que se le asigna representa apenas 2,7% de su PIB, estando en el extremo superior otro departamento al que se le asigna un valor que representa el 9% de su PIB (más del triple hablando de proporciones). Así como un médico pediatra considera primero el tamaño y peso del niño para asignarle una dosis ideal de medicación; se entiende que el monto de la inversión anual debe guardar relación con el tamaño de la economía departamental, para representar un verdadero y significativo estímulo positivo.
Entonces, ya que coincidimos con el Gobierno en que la inversión pública es muy importante para estimular el impulso propio de cada economía departamental, y que el Estado, de acuerdo a la constitución, siempre debe obrar como “un buen padre de familia”, es momento de saldar con Santa Cruz esta injusticia que, hay que decirlo claramente, se arrastra desde mucho antes del Gobierno del MAS, aunque los últimos 15 años de gestión gubernamental, la situación desmejoró porque SCZ pasó de recibir el 22% a 18% de la inversión pública; por lo tanto le asiste al Gobierno de turno la mayor responsabilidad para corregir esta injusta política de asignación de incentivos para el desarrollo.
No es de extrañar, ante estas injusticias, que los cruceños reclamen una forma distinta de administración, como Autonomía o Federalismo, modelos que por su cercanía al pueblo puedan reducir las actuales imprecisiones de política pública y reconocer la correcta magnitud de las necesidades de sus regiones y el valor real de sus contribuciones. Toca a las instituciones cruceñas, controlar una más justa asignación de inversión pública por parte del Gobierno Central, estableciendo:
Primero, si el monto asignado es concordante con las necesidades locales, por el tamaño de la población y aporte general del pueblo cruceño. Resaltar que, justo por eso, es imprescindible llevar adelante un Censo Nacional de Población, de calidad; no solo porque el número de habitantes determina la cantidad de fondos a distribuir por concepto de coparticipación tributaria, sino porque al conocerse la caracterización de la población, es posible presentar propuestas técnicas a efectos de transferir recursos fiscales a cada una de las regiones.
Segundo, hay que precisar el valor total de inversión pública para Santa Cruz y el detalle de los proyectos a financiarse con esos recursos para hacer el seguimiento de su cumplimiento a través de la sociedad civil.
Por último, hay que establecer los indicadores que sean necesarios para controlar la eficiencia del uso de recursos públicos y la relevancia de los resultados y productos obtenidos. Es tarea de todos los cruceños asegurarnos de recibir lo que merecemos, para garantizar la continuidad del desarrollo de nuestra región y que acá sigan generándose oportunidades para todos los bolivianos.
