Medidas erradas que ahondan la crisis
La serie de acciones del Gobierno contra el aparato productivo de Santa Cruz no solo refleja una peligrosa desconexión con la realidad económica nacional, sino que también evidencia la aplicación de políticas improvisadas y dañinas para la economía en el mediano y largo plazo. En lugar de abordar los problemas estructurales, se están tomando decisiones que agravan la ya delicada situación del país.
El panorama parece extraído de un guion de terror: primero, el presidente Luis Arce acusa a los “cambitas” de jugarle sucio al país, insinuando que los productores de Santa Cruz, responsables de más del 70% de los alimentos en Bolivia, son los culpables del aumento en los precios de los productos básicos. Luego, se decreta una prohibición temporal de exportar aceite comestible, con el supuesto objetivo de priorizar el mercado interno y frenar la especulación. Para colmo, la Fiscalía irrumpe en ingenios arroceros del norte cruceño, precintando y confiscando arroz, bajo un pretexto de control de precios.
Estas medidas, lejos de solucionar los problemas, profundizan la crisis. La economía boliviana ha sido duramente golpeada: escasez de dólares y combustibles, encarecimiento de insumos importados, mayores costos de producción, una inflación persistente, y bloqueos de carreteras que han interrumpido el comercio. En este contexto, es lógico que los costos operativos se trasladen al consumidor final.
Es cierto que las clases medias y bajas, sobre todo los asalariados y los trabajadores informales, sufren una pérdida de poder adquisitivo. Las acciones del Gobierno, como limitar exportaciones o vender arroz confiscado a menor precio, podrían aliviar momentáneamente la presión sobre los precios de ciertos alimentos básicos. Sin embargo, el costo de estas medidas es alto: desincentivan la producción agrícola, generan pérdidas de divisas clave, afectan negativamente el empleo en toda la cadena productiva, distorsionan los precios del mercado e incentivan el contrabando.
Prohibir exportaciones y confiscar bienes no son soluciones sostenibles. Estas decisiones podrían replicar el fracaso del modelo económico chavista en Venezuela, donde la intervención desmedida en los sectores productivos arruinó una economía próspera.
El Gobierno debe reconocer que las soluciones requieren valentía y visión estructural. Reducir el déficit fiscal, incentivar la producción, abrir mercados internacionales y fomentar la generación de empleo son acciones necesarias para salir de la crisis. En lugar de atacar a los productores de Santa Cruz, el motor económico del país, se debería proteger y potenciar su capacidad productiva.
Las recientes medidas son también un ataque a la propiedad privada y a la iniciativa empresarial, pilares fundamentales para cualquier economía que aspire al desarrollo. En un contexto de alta conflictividad social, estas políticas podrían convertirse en el detonante de protestas aún más intensas, un escenario que Bolivia ya ha vivido en el pasado con trágicas consecuencias.
Es imperativo que el Gobierno revierta estas decisiones, y que el presidente Arce ofrezca disculpas a los productores cruceños y a todos los sectores que sostienen la economía nacional. Con elecciones generales a menos de un año, profundizar el descontento social solo acelerará la crisis política y económica del país, un desenlace que todos, Gobierno y ciudadanos, deben evitar.
El país necesita soluciones estructurales y liderazgo valiente, no medidas populistas que solo perpetúan el círculo vicioso de la crisis. Bolivia merece políticas que fomenten la producción, protejan la economía y aseguren el bienestar de su población.
