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Aunque una prolongada sequía está afectando la cadena productiva en el departamento de Santa Cruz por el retraso que acusa la siembra en el campo, las primeras precipitaciones de la temporada lluviosa han sido recibidas como una ‘bendición del cielo’ por autoridades y comunidades que este año volvieron a padecer con los incendios forestales fuera de control que consumieron más de 1.900.000 hectáreas con los consiguientes daños al medioambiente. Felizmente, el agua de lluvia ayudó a apagar el fuego evitando un daño mayor al ecosistema en distintas zonas de esta región del país que concentró más del 60% de la superficie quemada por delante del 34% registrado en Beni y con porcentajes menores en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí.

Todavía está fresco el mal recuerdo del ecocidio registrado en la Chiquitania donde en 2019 quedaron reducidas a cenizas más de 5,7 millones de hectáreas. La tardía reacción del gobierno de entonces en la declaratoria de desastre nacional fue señalada como una de las causas de la devastación del bosque con inmensurables daños a la flora y la fauna del lugar que, afortunadamente, un año después, se está recuperando paulatinamente porque la tierra chiquitana se mantiene pródiga y generosa. Esta vez, las llamas alcanzaron a una veintena de áreas protegidas como las de Otuquis, Amni San Matías, Copaibo y Sararenda, entre otras. Como en anteriores oportunidades, a la mano del hombre quemando el bosque, sin mínimos controles, la falta de precipitaciones pluviales, un bajo porcentaje de humedad y los fuertes vientos se combinaron para que los efectos fueran devastadores. Los daños alcanzaron incluso a algunas comunidades donde el fuego consumió viviendas y obligó a la rápida evacuación de numerosas familias para preservar su integridad física.

Una vez más, fue relevante el papel que desempeñaron los combatientes del fuego en primera línea, entre ellos sacrificados cuerpos de bomberos, voluntarios, efectivos de las FFAA, Policía y de otras fuerzas que, no obstante, la falta de equipos y de otros recursos y medios adecuados, hicieron cuanto pudieron para cumplir su cometido. Funcionó de eficaz manera un comando de incidentes a la cabeza del Ministerio de Defensa. Es oportuno hacer notar que tras la declaratoria de desastre nacional, el gobierno de transición gestionó y consiguió la ayuda internacional. 

El envío de un helicóptero bombero Chinook por el gobierno de Canadá, contribuyó a aplacar el fuego especialmente en sitios inaccesibles donde realizó durante un par de semanas más de 500 descargas de agua con retardantes. La acción desde el aire fue complementada por tierra para terminar de extinguir los focos de incendio. Es menester el repaso de lo ocurrido en estas dos últimas ‘temporadas de quemas’ y de sequía en Bolivia para que las instancias gubernamentales correspondientes, a escala local y nacional, asuman medidas preventivas y coordinen esfuerzos y acciones para que en 2021 no se reproduzcan similar calamidad y el deterioro medioambiental que el bosque en llamas representa.

Insistimos, además, en la necesidad imperiosa de implementar una política de Estado o las disposiciones que sean más oportunas y eficaces que protejan de mejor manera a la Madre Tierra y cuando menos reduzcan las posibilidades de nuevos desastres naturales en vastas extensiones del territorio nacional como viene ocurriendo repetidamente sin suerte de solución.