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México elegirá este domingo más de 2.000 cargos de autoridades locales, 15 gobernadores y renovará la Cámara de Diputados federal, en la conclusión del proceso electoral más violento de los últimos 20 años.

Desde que comenzó esta etapa eleccionaria, en septiembre de 2020, han sido asesinados 35 candidatos en el registro de una prestigiosa consultora internacional que contabilizó los muertos hasta el 30 de mayo reciente, y se han producido al menos 782 agresiones, dentro de las que se incluyen amenazas de muertes, sin contar las golpizas o intimidaciones que no se denuncian por temor a las represalias.

Los candidatos de las regiones más violentas se movilizan con chalecos antibalas, en vehículos blindados y protegidos por hombres armados para intentar frenar intentos de asesinato.

Cerca de una docena de candidatos se han retirado de la carrera electoral tras recibir amenazas contra su vida y la de sus familias. Una candidata decidió dar un paso al costado después de encontrar a su esposo asesinado y descuartizado en la orilla de un camino.

Se estima también que al menos en 40 municipios los electores no podrán votar porque no hay condiciones de seguridad para habilitar recintos de sufragio.

En Youtube circula, previa prevención de contenido violento, las imágenes del asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajato, ejecutada el 25 de mayo cuando se encontraba dando un discurso ante decenas de personas en un acto proselitista. Los agresores, que circulaban en dos camionetas y varias motocicletas, dispararon sus armas contra la candidata de Movimiento Ciudadano y su cuerpo quedó detrás de su camioneta, en la que intentó resguardarse al recibir los primeros disparos.

En la última semana han sido secuestrados candidatos del Partido Verde a la Alcaldía de Uruapan, en Michoacán, y el candidato a la presidencia municipal de Cutzmala de Pinzón, Guerrero, junto a toda su familia.

Así llega México a su elección de este domingo 6 de junio. La jornada podría pasar a la historia como el primer proceso electoral en el que los cárteles de la droga y los grupos de la delincuencia organizada influyan de manera determinante en el destino político de ese país.

Naturalmente, ni el Instituto Electoral, ni el gobierno federal admiten ese extremo, pero los hechos no mienten y son más contundentes que la palabra de los políticos: se calcula que al menos hay 103 regiones mexicanas donde los carteles de la droga y los grupos de delincuencia organizada han hecho pública su intención de influir en el voto de los ciudadanos.

Es tan grave la situación que fuentes del Centro Nacional de Inteligencia de México registran al menos 280 casos de candidatos a diversos cargos electivos, principalmente a presidencias de municipios, que se vieron forzados a solicitar autorización de las mafias de la droga y la delincuencia para participar en las elecciones.

Pero para el presidente Manuel López Obrador “el país está en paz”, como decía el jueves reciente. Si la paz es el silencio que imponen las balas, o si se refiere a la paz que finalmente encuentran las personas cuando mueren acribilladas, entonces sí, probablemente en ese caso tiene razón.

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