El debate sobre el control migratorio ha dejado de ser un asunto meramente administrativo para convertirse en una cuestión de seguridad pública. En distintos países de la región, la percepción de un incremento de ciudadanos extranjeros involucrados en actividades ilícitas ha encendido alarmas y ha obligado a los gobiernos a replantear sus políticas. El caso de Chile, bajo la administración de José Antonio Kast, es ilustrativo: su plan denominado ‘Escudo Fronterizo’ apunta a reforzar la vigilancia y acelerar procesos de expulsión de extranjeros en situación irregular vinculados a delitos como el narcotráfico, el robo de vehículos y otras actividades conexas.
La reciente expulsión de 17 ciudadanos bolivianos, junto a colombianos y ecuatorianos, trasladados en un avión de la Fuerza Aérea chilena a sus países de origen, marca un precedente en la aplicación de medidas más estrictas. Más allá del debate político que estas acciones generan, lo cierto es que reflejan una preocupación creciente porque el crimen organizado transnacional ha encontrado en las fronteras permeables y en los vacíos institucionales un terreno fértil para expandirse.
Bolivia no es ajena a esta realidad. En sus principales ciudades, particularmente en Santa Cruz de la Sierra, se percibe con inquietud una dinámica similar. La presencia de individuos extranjeros vinculados al narcotráfico, al sicariato y a otras formas de violencia delictiva ya no es un fenómeno aislado. El caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien vivía bien acomodado en un barrio residencial cruceño, puso en evidencia las debilidades del sistema de control y la capacidad de infiltración de estas redes. A ello se suma la reciente aprehensión de más de una decena de ciudadanos colombianos presuntamente vinculados al narcotráfico, lo que refuerza la percepción de un problema en expansión.
Sin embargo, es necesario abordar este tema con equilibrio. Vincular automáticamente la migración con criminalidad puede derivar en estigmatización y discursos peligrosos que afectarían a miles de personas que buscan oportunidades legítimas. La gran mayoría de los migrantes no está involucrada en actividades ilícitas. No obstante, negar la existencia de redes criminales que operan aprovechando flujos migratorios desordenados y fuera de control sería igualmente irresponsable.
El desafío, entonces, radica en diseñar políticas públicas que combinen firmeza y respeto a los derechos humanos. Esto implica mejorar los sistemas de registro e identificación, fortalecer la cooperación internacional en inteligencia y combate del crimen organizado, y agilizar los mecanismos judiciales para sancionar a quienes delinquen, independientemente de su nacionalidad. Al mismo tiempo, se debe garantizar que los procesos migratorios sean claros, transparentes y accesibles, reduciendo así los espacios que las organizaciones criminales explotan.
Bolivia, al igual que otros países de la región, necesita anticiparse a la consolidación de estas redes. La experiencia chilena, con sus aciertos y controversias, puede servir como punto de referencia. Pero cualquier medida debe adaptarse a la realidad nacional, evitando respuestas simplistas a un problema complejo.
En definitiva, el control migratorio no puede entenderse de manera aislada. Forma parte de una estrategia más amplia de seguridad, desarrollo institucional y cooperación regional. Ignorar la dimensión delictiva sería ingenuo; sobredimensionarla, peligroso. El equilibrio entre ambas perspectivas será clave para preservar la seguridad sin sacrificar los valores fundamentales de una sociedad democrática.