Opinión

Mirada integral a la ley 1173

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Del análisis integral de la Ley Nº 1173 de Abreviación Procesal Penal se puede inferir que la implementación de esta norma busca materializar los principios constitucionales de la jurisdicción ordinaria contenidos en el artículo 180 del texto Constitucional, entre ellos el principio de celeridad, oralidad, eficacia, eficiencia, entre otros.

El objetivo es la disminución de la carga procesal, un problema visible en el sistema judicial; para ello el legislador ha diseñado la implementación de mecanismos procesales que permitan, por una parte, profundizar la oralidad en la sustanciación de causas, así como la simplificación de trámites y plazos procesales, restringiendo la posibilidad de suspensión de audiencias por inasistencia de las partes, estableciendo facultades coercitivas a los jueces para poder llevar las audiencias con normalidad.

Con el ingreso de la tecnología informática al sistema judicial, las actividades procesales, las notificaciones digitales y otros actuados serán más ágiles.

Las oficinas gestoras de procesos, como instancia de apoyo técnico administrativa a la labor jurisdiccional, jugará un rol en la coordinación, manejo y gestión de la agenda única de audiencias entre el Órgano Judicial y el Ministerio Público, esta oficina será la encargada de coordinar, con fiscales, víctimas, imputados y abogados, los aspectos necesarios para la sustanciación de las audiencias, reforzando así la imposibilidad de suspensiones.

Se establecen plazos para la interposición de excepciones e incidentes, poniendo fin al uso abusivo e indiscriminado de mecanismos de defensa con fines dilatorios en la tramitación de causas.

Asimismo, se ha realizado un reajuste competencial en los tribunales y Jueces de Sentencia, buscando equiparar la carga procesal y redistribuir el conocimiento y sustanciación de los delitos más graves a los tribunales de sentencia, conformado por tres jueces técnicos y en el caso de delitos menores por jueces unipersonales, reforzando las medidas de protección al sector más vulnerable de la sociedad como son las niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de violencia.

En lo que respecta a la labor del Ministerio Público, las modificaciones introducidas por la Ley 1173 aportan un reajuste en sus atribuciones, empezando por la obligatoriedad de los fiscales departamentales y fiscales de materia de asistir a las visitas trimestrales en recintos penitenciarios, permitiendo con ello un contacto directo para la identificación y solución de aspectos procesales vinculados a la persecución penal, para un control directo respecto a la tramitación y sustanciación de causas penales.

Del mismo modo, se eleva el estándar de fundamentación exigida al Ministerio Público al momento de requerir una imputación formal, más aun cuando exista solicitud de detención preventiva, debiendo determinarse el plazo de duración del mismo y los actos investigativos que realizará en dicho término, al margen de haber ampliado el catálogo de improcedencia de la Detención Preventiva y haber incorporado como una nueva medida sustitutiva, la vigilancia del imputado mediante dispositivo electrónico, (manillas o tobilleras electrónicas), teniendo como efecto la reducción del hacinamiento carcelario visibilizado en estos últimos tiempos.

Todo ello sumado a la iniciativa del Ministerio Público, en la implementación del nuevo modelo de gestión fiscal por resultados y la puesta en marcha de las nuevas plataformas de atención integral al público, se constituyen en esfuerzos que permiten dar un salto cualitativo en la forma de encarar los procesos acorde a nuestra realidad y exigencias de la sociedad.

Sin embargo, este empeño requiere también la participación de todos los actores involucrados en el área justicia y la ciudadanía para alcanzar los resultados esperados y contribuir en la tarea de “construir un sistema penal más justo, pero fundamentalmente más humano”, que contribuye a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.