En un tono dramático fue convocada una cumbre política de alto nivel para tratar la crisis energética y el inminente inicio de protestas sociales por la falta de carburantes y el alza de la cotización paralela del dólar. El llamado concitó la atención de la ciudadanía y la realización fue la noticia más importante de ayer. Sin embargo, al terminar el encuentro, los resultados dejan más ruido que nueces o, en otras palabras, quedan los problemas y la transferencia de responsabilidades al Poder Legislativo, como si fuera el único culpable de todos los males.
Ya se sabía que en la concepción del presidente Luis Arce y sus ministros, la falta de liquidez para importar combustible se soluciona con la aprobación de los créditos en la Asamblea Legislativa, a fin de que se pueda utilizar esos dólares para pagar la importación de diésel y gasolina, mientras se utiliza bolivianos para cubrir las acciones que motivan los préstamos. En otras palabras, quieren el dinero prestado para “bicicletearlo” durante los próximos meses.
¿Qué soluciona esto? Pues nada, porque aunque se aprueben los créditos, el dinero no será desembolsado de inmediato y seguirán faltando los dólares para importar combustibles. ¿Resuelve este acuerdo la bronca ciudadana por las eternas filas por gasolina y diésel? Pues no, porque la espera continúa y la desesperación agobia, más aún si se toma en cuenta que por escasez de carburantes también se eleva el precio de los productos de la canasta familiar.
Varios asistentes a la cumbre y precandidatos que no asistieron le demandaron a Luis Arce que haga a un lado sus aspiraciones de reelección y que se enfoque en la gestión para resolver los problemas. Sobre este punto hubo evasivas en la conferencia de prensa. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que, más allá de las proclamaciones, la prioridad del Gobierno es la conducción del país. Eso significa que no hubo ni sí ni no, sino todo lo contrario frente a la propuesta.
Mirando el fondo del problema hay que reconocer que no falta gasolina o diésel ni hay encarecimiento del dólar porque la Asamblea Legislativa no aprueba créditos. Las razones son más de fondo y responden a la errada política económica del gobierno, que Arce defiende con uñas y dientes. Hay un excesivo gasto público en empresas estatales ineficientes que compiten con la producción nacional, hay una abultada burocracia que cobra sueldos de las arcas del Estado. En vez de incentivar las exportaciones para generar divisas, el presidente ha optado por poner vetos a la carne, al aceite, la soya, lo que limita la producción.
Se sabe que hay contrabando a la inversa de carne, verduras y otros productos. Se sabe que gasolina y diésel subvencionados se van a otros países donde se venden a precio internacional. Pero no se ha visto una acción decidida y enérgica para frenar esa situación.
Entonces, ¿de qué sirve que la Asamblea Legislativa apruebe créditos? Serán para comprar combustibles por corto tiempo, pero también para seguir cargando con los gastos públicos excesivos. Es una falacia que se delegue al Legislativo la solución de los problemas mediante las leyes para el desembolso de los préstamos, porque la raíz del problema persiste y solo conduce al país a agravar el colapso económico que ya comenzó y que puede ponerse peor a medida que pasan los días.
La molestia ciudadana es un asunto que el presidente debe tomar en serio. Es preciso ponerse en el lugar del ciudadano de a pie y dejar de gobernar desde las cuatro paredes de la Casa Grande del Pueblo, porque se arriesga a una desconexión tal que deja un horizonte incierto para todos.