18 de mayo de 2022, 4:00 AM
18 de mayo de 2022, 4:00 AM

Ya suman dos las muertes por los violentos enfrentamientos entre ayllus y campesinos en Tinguipaya, municipio de la provincia Tomás Frías del departamento de Potosí, que ocurrieron el fin de semana a raíz de múltiples traumatismos por el uso de piedras, hondas, palos y petardos.

Los enfrentamientos sucedieron tras la inauguración de una escuela de líderes de la zona, en la que participó el vicepresidente David Choquehuanca, cuando la segunda autoridad del país ya se había retirado. Las primeras investigaciones constataron que en el lugar hubo excesivo consumo de bebidas alcohólicas y que eso enardeció los ánimos de los pobladores que se agarraron a golpes de piedras y otros objetos mortales, como se demostró con el lamentable resultado.

Dos días después, la Policía reporta tranquilidad en la zona, dice que todo ocurrió porque la tradicional rivalidad de grupos llegó a provocaciones extremas por el consumo de alcohol y que aún no hay ningún detenido porque no se logró identificar a los responsables.

Y seguramente no lo habrá, porque cuando pasan estas tragedias entre grupos numerosos de personas, comunarios o campesinos principalmente, casi nunca se identifica a los responsables.

Dice la Policía que esos enfrentamientos suceden en concordancia con los usos y costumbres de la región, para que la sangre de los muertos y heridos le dé fertilidad a la tierra y mejore la producción. Sin embargo, hasta donde se sabe por usos y costumbres o por fertilidad de la tierra, una muerte por violencia es un crimen que está penado por las leyes bolivianas, sin importar dónde ocurra o cuáles fueran las causas que la provoquen.

El Gobierno atribuye las muertes en Tinguipaya a un antiguo conflicto de límites entre comunidades, que se habría reactivado hace dos días, es decir, el domingo, que fue la fecha de los enfrentamientos.

La Vicepresidencia, en tanto, aclaró que Choquehuanca abandonó el lugar un par de horas antes de que comiencen los enfrentamientos.

Quienes conocen la zona dicen que en realidad las razones de los enfrentamientos podrían ser de carácter político y por razones de división de preferencias entre liderazgos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El curaca Marcelino Mamani, del Ayllu Canaza, le dijo a EL DEBER que las disputas comenzaron desde que Evo Morales designó a dedo al actual gobernador Jhonny Mamani como candidato en las elecciones de 2020, ignorando la decisión de las organizaciones sociales potosinas que habían elegido a otra persona.

Los sindicatos, asegura Mamani, están divididos desde la campaña electoral de ese año, porque algunos apoyaron a Edilberto Chambi mientras otros respaldaron a Jhonny Mamani y esa diferencia se manifiesta en cada reunión de movimientos sociales o asambleas comunitarias.

Siempre que aparece un conflicto en Potosí, salta el nombre del gobernador Jhonny Mamani, quien demostró tener un poderoso respaldo político que lo mantiene en el cargo pese a las contundentes evidencias de corrupción en la adquisición de ambulancias con sobreprecio a una empresa de dudoso origen creada días antes de la licitación para la adquisición de las vagonetas.

Muchos intentaron llevar cuando menos a la justicia a Mamani por su presunta responsabilidad en ese hecho irregular, pero ni organizaciones sociales ni comités cívicos ni comisiones legislativas lograron nada con Mamani, y allí sigue él, firme en su silla.

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