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La prensa de Brasil ha informado esta semana que Bolivia se ha convertido en un santuario del denominado “Narcosur”, cartel de la droga del Primer Comando de la Capital (PCC) de ese país, la más grande organización criminal brasileña y de toda Sudamérica.

Un reportaje difundido por el diario O Estado de Sao Paulo señala que los narcotraficantes de Narcosur invierten en clínicas, restaurantes, haciendas, joyas y pasean con tranquilidad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y exhibe fotografías obtenidas de los teléfonos celulares del narcotraficante Anderson Lacerda Pereira.

Según el procurador de Justicia de Brasil, Marcio Sergio Christino, el Narcosur, cartel del PCC, es la organización criminal que más crece hoy en el mundo, que en el caso boliviano adquiere la droga en Santa Cruz de la Sierra en 1.000 dólares el kilogramo, pero en Europa llega a costar hasta 35.000 dólares.

Agentes de la Policía Federal de Brasil a los que el diario O Estado consultó señalan que hay tres razones por las que el PCC actúa libremente en Bolivia. La primera es la resistencia de la Policía boliviana a actuar de manera conjunta con la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA.

La segunda razón apuntada por el diario es una “cierta rivalidad” (de Bolivia) con Brasil, y por último la posibilidad de que los narcotraficantes cuenten con protección de policías y militares corruptos en Bolivia.

Y citan como ejemplo el caso del narcotraficante Gilberto Aparecido dos Santos, alias Fuminho, líder de Narcosur, que estuvo 20 años prófugo y fue capturado en 2020 en Mozambique en una acción combinada con la DEA.

Fuminho estaba en África desde marzo de 2018 abriendo nuevas rutas de narcotráfico hacia Oriente y Europa con ayuda de nigerianos.

Antes, Fuminho vivió en Bolivia sin ser incomodado, compró una hacienda y producía hojas de coca modificadas genéticamente, era socio de productores bolivianos y en una ocasión un equipo de investigadores brasileños llegó a tenerlo a cinco metros de distancia, pero no pudieron hacer nada, afirma el reportaje.

O Estado dice que la facción criminal mantiene sus flotas de aeronaves en Bolivia y que Fuminho tenía una nave Citation, fabricada por Cessna, en la que se transportaba. O Estado asegura que otro jefe de la banda, Valdeci Alves dos Santos, alias Colorido, controla en Bolivia una flota de camiones para el transporte de droga y tiene como brazo derecho a Sergio Luis de Freitas, alias El Mijao, quien sería dueño de un restaurante en la capital cruceña.

El Cuarto distrito Policial de Guarulhos, en Sao Paulo, decomisó cuatro celulares de Lacerda el año 2020, y allí encontró fotografías suyas inspeccionando avionetas en Santa Cruz de la Sierra, además de sedes de empresas y reuniones con supuestos proveedores de droga en un bar, en una rutina considerada como “absolutamente tranquila” por el delegado policial antinarcóticos Fernando Santiago.

Traficantes como Lacerda usan criptomonedas en las transacciones internacionales y pagan hasta 20.000 dólares por “vuelo ciego” que hacen pilotos de aeronaves desde Bolivia a Brasil.

En respuesta a las denuncias de la prensa brasileña, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, calificó de “completamente falsa” la información e inventada para desvirtuar, según él, una investigación que presentó sobre un supuesto plan de magnicidio, que se conoció después de que circuló la noticia del cartel Narcosur en Brasil.

Es más, el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, salió a anunciar que el Gobierno enjuiciará al diario brasileño O Estado. ¿No sería lo más lógico que primero se investigue las denuncias del medio periodístico, que da nombres y varias referencias, antes de salir a descalificar un hecho muy delicado y serio?

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