Opinión

Necesidad de promocionar herramientas jurídicas que permiten las APP

Mauricio Becerra de la Roca/Abogado

15/11/2021 10:14

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Por Mauricio Becerra de la Roca Donoso*

Es importante que el Gobierno y el sector privado unan esfuerzos para lograr una recuperación de la economía y el empleo. A diferencia de años pasados, se tiene un alto endeudamiento público y una disminución sustancial en las
reservas internacionales que limitan la capacidad del Gobierno para dinamizar la economía solo mediante políticas expansivas.

Por ello, se requiere de manera urgente mejorar el ambiente de inversiones, generando norma en materia laboral y tributaria principalmente, que
otorgue mayor certidumbre y flexibilidad al inversor privado nacional y extranjero.

Adicionalmente, se requiere que el Gobierno nacional y los gobiernos regionales promocionen las figuras jurídicas que permiten la participación
y asociación público-privada para emprendimientos y proyectos de infraestructura y servicios públicos, otorgando la certidumbre e incentivos necesarios. Nuestro país cuenta con herramientas jurídicas para promover la inversión a través de normas nacionales, como la Ley N.°516 de Promoción de
Inversiones, Ley N.º466 de la Empresa Pública y el Decreto Supremo N.º 3469, normas que tienen por objeto establecer el marco regulatorio de Contratos
de Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta (Caeic).

A partir de este marco, en las regiones de Santa Cruz (Ley departamental 224, Ley Municipal 1456) y Tarija (Ley Municipal 267) se han emitido normas para promocionar las Alianzas Público-Privadas (APP), como una herramienta para la reactivación económica.

En términos generales las normas tienen conceptos similares,
y adoptan el modelo contractual de APP; sin embargo, hay aspectos que destacar. En el municipio de Santa Cruz de la Sierra se evidencia un procedimiento claro y expedito para que cualquier persona natural o jurídica plantee un proyecto y reciba una respuesta sobre su viabilidad en tiempo
breve. 

En la norma del Gobierno Departamental de Santa Cruz se denota una intención por brindar seguridad jurídica a los inversores, estableciendo la posibilidad de resolver controversias mediante arbitraje, trascendental
para la decisión de invertir. De la misma manera, en la ciudad de Tarija, coincidente con las otras dos normas, se destacan los varios instrumentos jurídicos que pueden ser utilizados para las APP, así como los considerables
incentivos para los inversores, vale decir incentivos tributarios y administrativos.

De inicio, el municipio cruceño ha sugerido a los empresarios privados una serie de proyectos con los cuales se podrían iniciar las APP, estos son mejoras en el Casco Viejo de la ciudad; la construcción del paseo bulevar sobre el canal Isuto; la renovación en el Parque El Arenal; la construcción de un bioparque para reemplazar el zoológico municipal; el desarrollo de un Tren Metropolitano; la construcción de un Parque Industrial de la pequeña y mediana empresa, entre otros. Por su parte, personeros de la Gobernación
cruceña han expresado su interés por desarrollar un proyecto bajo esta modalidad en Puerto Busch.

En cuanto al municipio de Tarija, ya se ha dado inicio al primer proyecto con una plataforma denominada ‘Tarija 2x1’, en la cual el municipio de la mano de
agencias, hoteles, restaurantes y demás negocios, apuntan a relanzar el turismo.

A partir del marco normativo ya existente y por emitirse, será de vital importancia elegir los proyectos adecuados y la correcta gestión y ejecución de estos a través de los órganos ejecutivos.

*Abogado

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