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El coronavirus está golpeando fuertemente la economía global y particularmente la economía boliviana que ya había comenzado con oscuros nubarrones este año. Antes de que llegue la pandemia, ya los bolivianos sentían incertidumbre respecto a las cuentas estatales, empresariales y privadas en esta gestión, producto de haber despilfarrado los ingresos durante el auge de los precios internacionales. La enfermedad congeló al planeta y, más aún a este país dependiente de la venta de su materia prima, demostrando la falsedad del ‘blindaje’ del que hablaban los exgobernantes del MAS.

El golpe llega con mayor contundencia a los gobiernos subnacionales, responsables de atender las necesidades básicas de quienes habitan sus territorios. Con recursos escasos, gobiernos municipales, departamentales y originarios tuvieron que utilizar el dinero que tenían en caja para dotar a la población de implementos sanitarios. Con los menguados ingresos, sus autoridades vieron cómo se iban agotando los fondos hasta llegar a un momento en que ni siquiera podían pagar los sueldos de sus dependientes.

Sumado a lo anterior, el centralismo se fue mostrando en su verdadera dimensión porque, al faltar los ingresos, tampoco llegaban los recursos del IDH y se demostraba que la política de confiscarlos hirió la economía a todo nivel. Lejos de corregir esta situación, la decisión de manejar todo desde el Estado central hizo aguas. Quizás sería diferente este momento si los municipios hubieran podido comprar pruebas para testear a más gente, o contratar a más personal o comprar respiradores para que no estemos sumergidos en la angustia del colapso que se vive en este momento.

Tras expandirse la pandemia llegaron recursos de cooperación internacional y también créditos, pero estos se fueron centralizando y así se asfixió la exigua economía local o departamental. Ahora, cuando ya la situación es extrema, hay alcaldes en huelga de hambre exigiendo recursos a través de fondos. El gobierno central promete entregarlos, pero sin resultados concretos, esa intención se queda en un simple compromiso en el que poco se cree porque la crisis económica lo impide.

Entretanto, hay recursos económicos en el Banco Central de Bolivia. Están acumulados después de que el gobierno del MAS dijo que serían para exploración de hidrocarburos sin haberlos invertido como prometió. El dinero está, pero no se puede utilizar porque los asambleístas del MAS no lo permiten, dilatan la aprobación de una ley, aún sabiendo que esa actitud es criminal y solo atenta contra el bienestar de los bolivianos de todos los rincones del país.

Se trata de una acción política que busca que la economía colapse en las regiones, lo que puede generar convulsión social, que es el escenario en el que mejor juegan los seguidores de Evo Morales.

La demanda de los gobiernos subnacionales es justa, ni duda cabe, pero también es peligroso que la intención electoralista del MAS la alimente (a través de los alcaldes que militan en ese partido) para desestabilizar al país y sumirlo en una crisis social, que se adicione a la política y a la sanitaria.

En tal sentido, es importante exigir que el Gobierno nacional organice los fondos con que cuenta y que deje a un lado el centralismo, para comenzar a distribuir lo poco que hay entre todos. Asimismo, hay que demandar que los asambleístas del Movimiento Al Socialismo actúen con coherencia, pensando en el bienestar de Bolivia, antes que en generar escenarios para pretender pescar en río revuelto. Es lógico asumir que, si hay dinero en el Banco Central, éste sea liberado cuanto antes para cubrir las necesidades de salud, de reactivación económica y de alimentación para las familias más pobres. No hay por qué ser más tolerantes con un partido que tiene una línea totalmente contraria al bienestar de la nación y tampoco con un gobierno que no puede salir de la vieja forma de administrar el Estado. 

Asimismo, es imperioso que cuanto antes se reactive el análisis del pacto fiscal, a fin de que éste sea factible en el mediano plazo; que las regiones más pobladas puedan atender la salud y economía de su gente. Si el Gobierno nacional ya dejó la pandemia en manos de los municipios, es lógico demandar que esta gran responsabilidad esté delegada con el dinero necesario.