Según la Real Academia Española (RAE), “impregnar” significa penetrar las partículas de un cuerpo en las de otro, fijándose por afinidades mecánicas o fisicoquímicas, asimismo, mojar un cuerpo poroso de manera considerable; mientras que “pringar”, tiene que ver con denigrar, infamar, descalificar la fama de alguien, pero también, comprometerla en un asunto ilegal o de dudosa moralidad. Traigo a colación estas aclaraciones porque es lo que tristemente les está pasando a los exportadores de maderas de Bolivia, y al propio país, por una acusación hecha hace más de un mes, sin haber sido demostrada. En efecto, el 8 de junio de 2026 -nefasto día, por cierto- el Fiscal Regional de Arica lanzó públicamente la temeraria aseveración, hasta ahora no comprobada, de que habían sido retenidas más de 1.000 toneladas de madera boliviana exportada por ese Puerto con destino a ultramar, por estar “impregnadas” de sustancias controladas, sin que tal acusación esté respaldada por un solo caso investigado o un solo análisis de laboratorio que lo confirmara, provocando un terrible daño, no solo a las empresas exportadoras afectadas, sino a todo el sector forestal maderero boliviano, así como a la propia reputación del país.
La Cámara Forestal de Bolivia (CFB), a través de su presidente, Pedro Colanzi Serrate, informó en conferencia de prensa ofrecida el 16 de julio de 2026, que “los primeros resultados de laboratorio recibidos oficialmente por empresas forestales cuyas cargas permanecían retenidas en Pisiga (Oruro), en la frontera con Chile, y en Brasil, no evidencian la presencia de sustancias controladas. Estos antecedentes, sumados a las recientes declaraciones del Fiscal General del Estado, comienzan a aportar certidumbre sobre un caso que durante más de un mes provocó la mayor crisis exportadora de la historia reciente del sector forestal y constituyen elementos objetivos que justifican revisar las medidas extraordinarias que actualmente mantienen paralizadas las exportaciones forestales”, recalcando que “la evidencia científica debe ser siempre la base sobre la cual se construyan las decisiones públicas”. ¡Por supuesto que sí!
Colanzi ya había dado cuenta, el 8 de julio pasado, que las exportaciones forestales se habían derrumbado en más del 66%, cayendo a niveles inferiores a los registrados durante la pandemia; la crisis del sector, es la consecuencia de la paralización de las exportaciones, afectando a trabajadores, comunidades forestales, transportistas, industrias y pequeñas empresas que dependen del comercio legal de productos forestales, generando más de 200.000 fuentes de empleos directos e indirectos a lo largo del territorio nacional, comprometiendo la fuente de ingresos para las familias bolivianas.
Lo cierto es que, a partir de los análisis de laboratorio con procedimientos científicos, se confirmó lo que siempre se dijo: que las maderas tropicales exportadas por Bolivia, dada su dureza y escasa porosidad, como lo señala el prestigioso Centro Internacional de Investigación Agronómica en Europa, no se pueden impregnar como dijo el Fiscal Regional de Arica, de ahí que, lo que tan tremenda acusación sí logró fue “pringar” de dudas a nuestros exportadores, al sector maderero y a la propia imagen-país, producto de la anunciada pero nunca comprobada “incautación histórica en Chile, de al menos 108 toneladas de sustancias controladas impregnadas en maderas bolivianas”.
¿No resulta paradójico, que, a los exportadores, al sector forestal y al país, no solo los golpearon recientemente los bloqueadores de carreteras, sino que ahora es la Administración de Justicia en Chile la que viene bloqueando desde hace meses a los empresarios bolivianos, causándoles pérdidas de incalculable valor, en función de lo cual surgen muchas preguntas por resolver?
¿Quién responderá por los daños económicos derivados del incumplimiento en la entrega de productos madereros en el exterior? ¿Alguien se hará cargo de enmendar las rupturas comerciales y la pérdida de mercados? ¿La misma autoridad chilena saldrá a anunciar a los cuatro vientos, como lo hizo hace más de un mes con su acusación de “la mayor incautación histórica de maderas bolivianas impregnadas con sustancias controladas”, luego que los análisis de laboratorio que se vienen dando en Brasil y Bolivia, y se sabe que en Chile también, dan cuenta de su error? ¿Cómo se corregirá el daño a la imagen-país y a la dignidad de las personas afectadas por esta injusticia que se prolonga ya por más de seis meses?
Como dijo un gran empresario a quien admiro por su valor, profesionalismo y tesón, esta situación tiene tres costos claros: económico, social y moral, sobre lo que escribiré en otra ocasión, para explicar que de lo primero se puede salir adelante con mucho esfuerzo; en tanto que lo segundo implicará dolor para los bolivianos por la pérdida de empleos e ingresos; y, en cuanto a lo tercero: ¿Quién debería pagar por la dignidad humana y del país, pringadas por una falsa denuncia? ¿Qué dice Ud.?
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es economista y magíster en Comercio Internacional