Escucha esta nota aquí


Para comprender la historia hay que verla como un proceso. Los hitos del acontecer nacional no son aislados, son consecuencia de otros. Es así como hay que ver los sucesos de 2019. La crisis política de entonces comenzó tres años antes, cuando Evo Morales decidió que quería quedarse en el poder burlando el voto de los bolivianos en el referéndum de 2016, que le dijo no a la reelección nacional. Lejos de reconocer los principios de la democracia, forzó la reelección manipulando al Tribunal Constitucional y pasó por encima de la Carta Magna argumentando que era un derecho humano volver a ser candidato a la Presidencia.

El malestar ciudadano comenzó cuando se constató ese abuso de poder. Empero, la ciudadanía fue a las urnas y fue testigo de cómo se detenía la transmisión rápida de datos y en 24 horas se cambiaba la tendencia de los resultados, mientras se hallaba material electoral en viviendas particulares o actas desechadas en la vía pública. Fue ahí cuando comenzó un paro nacional, histórico por su carácter pacífico y porque duró más que cualquier otro que se hubiera realizado en Bolivia. Fueron 21 días de protagonismo ciudadano, familias en las esquinas de las 9 capitales del país y de muchas provincias en todo el territorio nacional.

Esa gesta ciudadana fue apartidaria. Comenzó pidiendo segunda vuelta y, a medida que se descubrían los indicios de fraude, demandó la anulación de las elecciones y, finalmente, la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, cuando fueron asesinados dos cívicos en el norte cruceño. Ese es el origen de lo que hoy el Gobierno llama “golpe de Estado”. Los policías se amotinaron en la recta final de la protesta y los militares sugirieron la renuncia después de que Evo Morales había decidido contrarrestar el paro de las ciudades con un cerco para que movimientos sociales afines a su partido impidan el ingreso de alimentos a las zonas urbanas.

Al final, Evo Morales renunció el 10 de noviembre y, tras él, renunciaron el vicepresidente y los miembros de su partido que estaban en la línea sucesoria. Lo que hubo fue un vacío de poder provocado por el MAS. Desde adentro de este partido también se revela que hubo orden para que renuncien todos los legisladores y que la mayoría se rebeló. La Iglesia, la Unión Europea y Naciones Unidas fueron los facilitadores del diálogo para pacificar el país. En reuniones de esos días de pesadilla para Bolivia participaron altos dirigentes del Movimiento Al Socialismo, quienes pidieron garantías para Evo Morales y salvoconductos para varios exministros como condición para coadyuvar a los acuerdos.

Finalmente, hubo acuerdos y el MAS participó en ellos. Por eso se consensuó una ley de convocatoria a elecciones y después una norma que permitió la prórroga de mandato en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Esos fueron hechos concretos que ahora pretende desconocer el Gobierno y su brazo operativo, el Ministerio Público.

Nótese que la movilización ciudadana pacífica de millones de bolivianos contra un gobierno que había abusado del poder fue sucedida por un vacío de poder y una convulsión social que amenazaba al país. Tras ello, hubo diálogo, acuerdos y leyes que dieron lugar a una tregua.

Lo que vino después fue un gobierno transitorio que cometió muchos errores y que no fue consecuente con el clamor ciudadano de democracia y transparencia; que tuvo funcionarios que actuaron deshonestamente, quienes deben ser castigados porque no fueron dignos de la confianza de los bolivianos.

Lo que debe quedar claro es que no se puede mezclar la gesta ciudadana por la democracia, el rol fundamental de los facilitares del diálogo y los acuerdos de paz con el mal desempeño de funcionarios corruptos del Gobierno transitorio.

La memoria ciudadana debe estar más atenta que nunca, porque hay un afán por distorsionar los hechos y escribir la historia a la medida de Evo Morales y sus intereses.



Comentarios