Opinión

Nueva aberración en el caso Las Londras

Editorial El Deber 20/11/2021 05:00

Escucha esta nota aquí

Como si se tratara de una serie narco de plataforma digital, apareció un nuevo capítulo en la historia de terror de Las Londras, donde un grupo irregular encapuchado y armado secuestró a periodistas, policías y otros ciudadanos, y casi un mes después no hay un solo detenido. Ahora se supo que después de las siete horas de permanecer de rehenes, de recibir torturas físicas y psicológicas, las víctimas fueron obligadas a firmar un acta como condición para ser liberados.

El 28 de octubre de 2021, los secuestradores, de quienes se conoce su cercanía con el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo, hicieron firmar un documento a sus secuestrados, donde estos se comprometen a no volver al lugar y declaran que sus captores armados son los únicos dueños de la propiedad en disputa en aquella región del norte cruceño.

Es decir, no contentos con cometer un acto ilícito al constituirse como grupo irregular armado, secuestrar a 17 personas y torturarlas, además se dieron a la tarea de escribir un documento para chantajear a los detenidos con compromisos que no corresponden ni tienen ningún valor legal, a cambio de ser liberados.

La defensa de las víctimas, la abogada Raquel Guerrero, calificó ese hecho como otro delito gravísimo cometido contra la integridad de las personas, que en el Código Penal boliviano está tipificado como coacción, realizado en un momento en que las personas se encontraban en un estado de total indefensión y sometidas a métodos característicos de los carteles del narcotráfico internacional.

El acta señala que en fecha 28 de octubre de 2021 se hizo un compromiso con las comunidades 24 de Septiembre, Chuchial, Bañadito y Los Tigres, entre las partes identificadas representadas por el “comandante Torrico” de la Chiquitania y los medios de prensa Unitel, Red Uno, ATB y El Deber.

Se comprometen, los firmantes a la fuerza, a difundir el acuerdo a nivel nacional y que en lo sucesivo toda acción sea ejecutada bajo consenso con las autoridades competentes y comunidades del área.

En el documento, elaborado a mano por los encapuchados, también se señala que se procedió a la devolución de las armas de los oficiales de la Policía capturados, que consiste en cuatro revólveres 9 milímetros, junto a otras pertenencias.

La serie de terror no termina ahí: acto seguido, los secuestradores llevaron el acta firmada bajo coacción por periodistas, oficiales de policía y trabajadores agrícolas, a la Notaría número 4 de San Julián para su registro, como si se tratara de un documento legal.

Naturalmente, el citado documento es nulo de pleno derecho porque fue firmado bajo amenazas de muerte.

Lo más curioso del caso es que al llevar el papel a la notaría, los secuestradores dejaron sus nombres y firmas, y aún así ni el Ministerio de Gobierno ni la Fiscalía ni la Policía Nacional han detenido a uno solo de esos delincuentes identificados con nombres, apellidos y firmas, porque son aliados del MAS.

Ese es el grado de aberración de un caso con delitos flagrantes en los que el Gobierno de Luis Arce no parece tener ningún interés ni prisa por hacer justicia por razones políticas. En un caso similar, si los secuestradores no fueran afines al partido de gobierno, el MAS, esas personas ya estarían detenidas y probablemente algunas de ellas muertas en algún operativo policial y hasta militar, por tratarse de un grupo armado irregular. Pero son del MAS. Y esto es Bolivia.

Comentarios