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Evo Morales podrá continuar engañando a Bolivia gracias a magistrados, jueces, tribunales y fiscales a los que tiene bajo su servicio quien sabe a cambio de qué favores políticos o económicos, pero esta semana quedó demostrado que en la comunidad exterior, organismos y tribunales internacionales no puede ganar una sola batalla; al contrario, esta semana recibió tres duros reveses que de rebote le llegan también al Gobierno del MAS.

El más reciente golpe que recibió Morales es el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que después de una larga espera finalmente se pronunció con una contundente sentencia: la reelección indefinida no es un derecho humano.

Por tanto, el amañado fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia que en 2017 habilitó a Morales como candidato a una cuarta elección con el sustento de que la reelección indefinida era un derecho humano con el argumento de que así lo decía el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, simplemente no vale, es nulo de todo derecho.

Y haber utilizado dolosamente esa convención, también conocida como Pacto de San José, es un delito por el que se debe procesar a los magistrados de aquel TCP que firmaron la sentencia 0084/2017. Ellos son Macario Cortez Chávez, Osvaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Virginia Andrade y Rudy Flores

Lo que digan Morales, el ministro de Justicia u otros representantes del MAS como reacción ante el fallo de la Corte IDH sirve para el registro periodístico, pero tampoco tiene valor legal; es más, el Estado boliviano no puede desconocer ese fallo, como probablemente intentará hacer el Gobierno de Luis Arce, porque Bolivia es signataria de esa Convención, y eso implica adquirir obligaciones. Es como aceptar, con firma notariada, las reglas del fútbol y la autoridad de un árbitro: si el árbitro dice que cometiste una falta grave y por eso te expulsa del partido, se debe acatar esa orden, no hay lugar para el pataleo.

Curiosamente, Morales partía con dos votos a su favor en la Corte IDH integrada por siete jueces, en el fallo aprobado por cinco votos a favor y dos en contra. Los votos en contra fueron de Raúl Zaffaroni y Patricio Pazmiño. Zaffaroni fue abogado de Evo Morales en Argentina el año 2020 y Pazmiño es un juez ecuatoriano muy cercano al entonces presidente Rafael Correa, y en abril de 2021 recibió el voto del Gobierno de Luis Arce para ser reelegido en esa posición, lo cual fue considerado llamativo porque lo natural es que un país postule a un connacional para juez de la Corte IDH. Pazmiño además fue consultor de la Asamblea Constituyente de Bolivia en 2006, contratado por el Gobierno de Evo Morales.

A esa derrota de Morales en la Corte IDH se suma el pronunciamiento que cuatro días antes emitió la Organización de Estados Americanos cuando ratificó los hallazgos de su auditoría de 2019 de las elecciones fraudulentas de ese año, y reiteró que hubo graves irregularidades y manipulación dolosa que hicieron de esa elección una “vergüenza hemisférica”, y descalificó el informe contratado por la Fiscalía de Juan Lanchipa a unos consultores españoles.

El 5 de agosto la Unión Europea, a cuyos representantes en Bolivia el procurador Wilfredo Chávez llamó “delincuentes”, se pronunció para rechazar categóricamente las acusaciones de conspiración y “golpe” por haber participado en reuniones que ayudaron a pacificar al país en las que incluso participaron representantes del MAS.

Morales tendrá que repensar su rol en la política boliviana con estos rotundos reveses de países y organismos respetables de la comunidad internacional.

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