Opinión

Nuevas reglas

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24 de septiembre de 2017, 4:00 AM
24 de septiembre de 2017, 4:00 AM

¡Atención Santa Cruz, atención Bolivia! Rigen ahora nuevas disposiciones de acatamiento obligatorio: #En cualquier oportunidad en que las autoridades hagan uso de armas para combatir a los delincuentes tiene que asumirse que sus acciones y disparos jamás yerran, por lo que cualquier expresión pública de duda al respecto determinará, ipso facto, la pérdida del derecho a requerir la intervención estatal para repeler ataques criminales.

El ministro de Gobierno ha hecho conocer este novísimo esquema normativo, a raíz del debate sobre la precisión con que se ejecutó el operativo para repeler el asalto armado contra una joyería en la capital cruceña. El informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ha establecido que el disparo que le costó la vida a Ana Lorena Tórrez no provino de los asaltantes, mientras el gerente de la joyería testimonia que uno de los cinco impactos que recibió provino de un agente.

De acuerdo con las nuevas reglas, o el IDIF retira su informe y el gerente su testimonio, o la fuerza policial dejará de responder a los llamados de auxilio ante ataques criminales violentos y para demostrar que las nuevas reglas están vigentes, el ministro ha empezado ignorando la conminatoria fiscal para que haga conocer la nómina del personal que actuó en el operativo.

Legalidad
El ministro no apela a un sustento legal para justificar sus dichos y actos, sino a su personal conocimiento y experiencia, que serían el suficiente soporte de una reforma de facto de las leyes. Tal cambio resulta mucho más profundo de lo imaginable, puesto que significa que ahora el Estado no solo ejerce el monopolio legítimo de la violencia, sino el de la verdad, porque como son sus armas infalibles, cualquier contradicción resulta necesariamente falsa y punible. Si expresamos dudas, renunciamos al amparo estatal; así, los derechos a la expresión y opinión quedan revocados, porque los agentes del Estado y sus actos están revestidos de inmunidad e intangibilidad.

Que a nadie se le ocurra pensar  que esta línea de razonamiento que deja en suspenso la Constitución, las leyes civiles y penales, igual que las de la lógica y la física deban atribuirse al capricho de un ministro en especial. El recurso presentado este 18 de septiembre por legisladores oficialistas para estatuir la reelección perpetua, revolcando la Constitución y el mandato expreso del pueblo, demuestran que el responsable de la cartera de Gobierno representa leal y genuinamente la manera de entender que prevalece entre los conductores del Estado.

Si la Constitución aprobada con el respaldo de más del 60% de los electores, o la decisión democrática de reiterar la prohibición de reelección indefinida (que sería inválida, porque 48% es igual a la mayoría absoluta, según los diputados demandantes) chocan con la determinación de las autoridades de volver a candidatear, las nuevas reglas garantizan que su deseo se impondrá, a menos que los ciudadanos decidamos actuar para que se respete e imponga el imperio de la Constitución, las leyes y la voluntad popular.

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