Ahora que los movimientos sociales, que eran actores centrales del conflicto, muestran señales inocultables de agotamiento y, posiblemente, de menos recursos para sostener las protestas, cabe preguntarse si el daño acumulado en materia económica y el desgaste social producto de un bloqueo tan prolongado se compensan con el hecho de no haber tenido que lamentar una mayor confrontación y más muertes.
En primera instancia habría que decir que sí, que valió la pena el sacrificio y la angustiante espera antes que lamentar, como en 2019 o 2003, el fallecimiento de decenas de personas solo por apurar el retorno a la normalidad que suelen exigir algunos sectores que apuestan por la mano dura como solución a los problemas.
Habrá quienes estén en completo desacuerdo porque sufrieron en carne propia la escasez de alimentos, de combustibles o cuantiosas pérdidas económicas ocasionadas por la interrupción abrupta de las actividades. Sin embargo, también se debe reconocer que, a pesar de las provocaciones de algunos dirigentes y líderes del movimiento popular y de los pedidos irracionales de acortamiento de mandato, la estrategia aplicada fue la correcta.
Reconocer aquello no es ponerse del lado de nadie; no es hablar bien de unos y mal de otros; no es asumir una posición en el espacio de las polaridades en el que se ha desarrollado la historia reciente del país. Se trata simplemente de estar del lado de la vida, del respeto a los derechos humanos y de la tolerancia.
Posiblemente, lo mejor que ha hecho el Gobierno desde que asumió —y no es mucho— fue no haber caído en la tentación represiva, que hubiera conducido quizá a un desenlace rápido, pero sangriento y no definitivo. Se sabe que, en el camino, algunos abogaron por el uso de la fuerza, pero afortunadamente no se salieron con la suya.
A horas, o quizás a pocos días, de que este conflicto pase a formar parte de la estadística penosa que caracteriza a un ciclo ya bastante largo, iniciado en la remota Guerra del Agua de abril de 2000, se puede decir que la vida se ha impuesto sobre la muerte. Y esa es una victoria de todos: de quienes probablemente desacataron las órdenes de los más radicales y violentos; de las autoridades que se opusieron a tomar el atajo fácil de los disparos; y de los ciudadanos comunes, sobre todo de la ciudad de La Paz, que demostraron que la paciencia también puede ser heroica.
Hubo fallecidos, sí, tal vez más de una decena, como consecuencia de las dificultades para atender urgencias médicas y de la criminal inflexibilidad de quienes se opusieron al tránsito de las ambulancias o al paso de los enfermos. Pero nada comparable con lo que pudo haber ocurrido si se hubieran desatado todos los demonios de la violencia, una vez más, como en febrero y octubre de 2003 o en octubre y noviembre de 2019.
¿Qué viene ahora? No es fácil pronosticarlo. Obviamente, como en aquellas antiguas comedias en las que dos boxeadores bufos se enfrentaban hasta quedar exhaustos sobre la lona, el balance deja a un gobierno completamente debilitado y sin un norte previsible, y a unos movimientos sociales que parecen haber llegado a un extremo cercano a la frustración y a un probable, aunque temporal, desbande.
¿Concluirá Rodrigo Paz su mandato? Lo deseable es que así sea, aunque dependerá de él tomar las decisiones que le permitan gobernar en un escenario de relativa calma. Es necesario reconocer la serenidad con la que se actuó para evitar una tragedia, sobre todo en el occidente del país, pero eso no impide que, en lo inmediato, deban ajustarse cuentas, de una vez por todas, con quienes alientan la violencia desde los refugios de la ilegalidad y el crimen organizado.
En el Chapare existe un cartel que produce drogas, financia movilizaciones y apuesta claramente por la inestabilidad para proteger sus negocios. Ya no se trata de enfrentar a un movimiento social o sindical, sino a una auténtica mafia que debe ser erradicada del país. La actitud dialogante que se aplicó en el altiplano debe ser reemplazada por una firmeza rotunda en el Trópico de Cochabamba. Esa es una de las condiciones para que Paz pueda concluir su mandato.
Y habrá que decirlo sin ambages: si Paz no ordena la detención de Evo Morales en un plazo corto, entonces tendrá que asumir que nuevas e irreversibles turbulencias harán tambalear y, finalmente, caer a su gobierno.
El presidente debe asimilar que ya no podrá ser el gran reformador del Estado y que solo le quedan dos tareas igualmente importantes: combatir y desterrar a las mafias y al crimen organizado, que parecen haber elegido Bolivia como base de sus operaciones, y reconciliar a un país que ya ha perdido demasiado por causa de las polarizaciones.
Si existe una tarea pendiente e histórica, es la de crear las condiciones para construir una visión y objetivos más o menos comunes y de largo plazo: con los empresarios, pero también con los indígenas; con los k’aras y los t’aras; con el oriente y el occidente. No es un objetivo fácil de alcanzar, pero constituye el fundamento de cualquier otro cambio. No puede haber una nueva reforma del Estado sin antes curar las heridas acumuladas a lo largo del tiempo.