La designación de Zvonko Matkovic como presidente del directorio de ENDE Valle Hermoso, empresa estatal con sede en Cochabamba, ha provocado reacciones que deberían preocuparnos mucho más allá del nombre de la persona designada.
El gobernador Leonardo Loza calificó el nombramiento de “indignante” y una “falta de respeto” a Cochabamba. Dos legisladores, uno de Libre y una de APB-Súmate, a nombre de la Brigada Parlamentaria del departamento, pidieron al presidente de la República dejarlo sin efecto y designar a un profesional cochabambino. Y hasta el propio líder de APB-Súmate y excandidato presidencial se sumó al cuestionamiento.
Lo preocupante no es la coincidencia entre supuestos adversarios políticos, sino el argumento que los une.
Hasta ahora, no se ha demostrado que Matkovic carezca de formación o capacidad para ejercer el cargo ni se ha puesto en duda su idoneidad moral. El argumento común es que no nació en Cochabamba.
Es difícil imaginar un criterio más peligroso para un país que pretende seguir siendo un país.
Si aceptáramos semejante principio, un boliviano nacido en La Paz no podría dirigir una institución pública con sede en Santa Cruz; un beniano estaría impedido de hacerlo en Tarija y un cochabambino tendría que pedir permiso para ejercer una función pública en otro departamento.
Habríamos convertido Bolivia, cuando menos, en nueve pequeños países.
La coincidencia resulta más inquietante por un antecedente reciente. Hace apenas unas semanas, Evo Morales amenazó con tomar una planta de generación eléctrica si continuaban los cortes de luz en el Chapare. Su argumento fue que estaba, según dijo, “en nuestro territorio”. Por tanto, podían tomarla y administrarla ellos mismos.
No sorprende demasiado. Morales lleva años actuando como si el Chapare fuera su territorio particular. Allí se refugia, protegido por sus seguidores, mientras se burla de la justicia y desafía al Estado.
Ahora la misma lógica reaparece en el cuestionamiento a Matkovic. Como ENDE Valle Hermoso tiene su sede en Cochabamba, se sostiene que debe ser dirigida por un cochabambino.
En un caso, la apropiación territorial de una planta; en el otro, la de un cargo. El principio es el mismo: lo que está en nuestro territorio nos pertenece.
No es así.
Una planta instalada en el Chapare no pertenece a Evo Morales ni a las federaciones cocaleras. Una empresa estatal con sede en Cochabamba tampoco pertenece a los cochabambinos. Ambas forman parte del patrimonio de Bolivia.
Es legítimo exigir que quien ocupe una función de responsabilidad tenga la preparación necesaria, mucho más en una empresa estratégica de un sector tan importante como la generación de electricidad, que atraviesa además una situación crítica.
Si Zvonko Matkovic no reúne los requisitos, que se demuestre. Si carece de capacidad, que se expliquen las razones. Lo inaceptable es que el lugar de nacimiento se convierta en una inhabilitación.
Los cargos públicos no son propiedad de los departamentos ni de sus autoridades, comités cívicos, brigadas parlamentarias o grupos de poder. Una empresa nacional pertenece a todos los bolivianos, aunque sus oficinas estén instaladas en una ciudad determinada.
Lo contrario llevaría a una absurda distribución territorial del Estado. Cada departamento podría reclamar como propias las instituciones instaladas dentro de sus límites y exigir que fueran dirigidas exclusivamente por sus habitantes. Luego vendrían provincias y municipios a reclamar el mismo “derecho”.
La ciudadanía quedaría subordinada al certificado de nacimiento.
Leonardo Loza no es un dirigente cualquiera. Es uno de los más cercanos y leales colaboradores de Evo Morales y pertenece al movimiento político bajo cuyo gobierno cientos de bolivianos fueron perseguidos, encarcelados u obligados a abandonar el país.
Zvonko Matkovic conoce esa historia como pocos, porque la vivió en carne propia.
Permaneció casi ocho años en una cárcel, en prisión preventiva y sin sentencia, por el llamado caso Terrorismo. Después continuó privado de libertad en su domicilio. Durante años fue conminado a declararse culpable a cambio de poner fin a su calvario. Se negó.
Se puede discrepar de sus posiciones políticas u objetar su preparación para el cargo. Lo que difícilmente puede negarse es la fortaleza moral de quien prefirió permanecer preso antes que declararse culpable de algo que no había cometido.
Por eso desconcierta que voces que se consideran democráticas terminen coincidiendo con uno de los principales representantes del movimiento político responsable de aquella persecución ilegal e injusta.
No para exigir transparencia, denunciar corrupción o demostrar incapacidad. Simplemente para objetar el lugar donde nació.
Bolivia ha sufrido demasiado por las divisiones que nosotros mismos nos empeñamos en profundizar. Durante años nos dijeron que unos eran originarios y otros extranjeros, y que la identidad podía estar por encima de la ciudadanía.
Ahora corremos el riesgo de trasladar esa misma lógica al interior de cada departamento.
La defensa de las regiones es legítima y necesaria, pero el regionalismo entendido como exclusión no lo es.
Un cruceño debe poder trabajar en Cochabamba así como cualquier boliviano en cualquier lugar del territorio nacional. Lo único que corresponde exigir es capacidad, probidad y resultados.
Porque una nación comienza a deshacerse cuando sus ciudadanos dejan de reconocerse como iguales.
Si el lugar de nacimiento determina dónde podemos trabajar, qué cargos podemos ejercer o qué parte del territorio podemos considerar nuestra, la ciudadanía deja de ser un vínculo común y Bolivia se convierte en una suma de fragmentos enfrentados.
Entonces ya no seremos bolivianos en Bolivia. Seremos cruceños en Santa Cruz, cochabambinos en Cochabamba, paceños en La Paz y extranjeros en el resto del país.
Eso sería abominable.
Significaría convertir la Patria en retazos y dejar de tener una nación para tener, cuando menos, nueve países.
(*) Johnny Nogales Viruez es abogado y analista político